SAETA perdería $8 millones con la suspensión del aumento del precio del boleto

La semana pasada, la jueza de Minas, María Victoria Mosmann, hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos y declaró la inconstitucionalidad de las Resoluciones 411/18 y 412/18 de la AMT, dejando sin efecto el aumento de $1 peso que se haría efectivo desde el 1 de diciembre.

En consecuencia, AMT busca presentar hoy o mañana una apelación al fallo. La urgencia se resume en una cifra: $8 millones. Es lo que SAETA se perdería de recaudar en este mes si no sube un peso el precio del boleto común como estaba previsto y lo mantiene a $25, según lo dispuesto por la magistrada.

“Nosotros también defendemos al usuario y entendemos que es mayor el perjuicio que se puede producir por no aumentar un peso que lo que significa el aumento”, sostuvo el titular de Saeta, Claudio Juri, en diálogo con El Tribuno.

Mosmann declaró la inconstitucionalidad de dos resoluciones de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) con las que se dispuso la suba tarifaria a fines de diciembre del año pasado y empezó a regir en enero con un boleto a $15.

La primera resolución cuestionada de la AMT es la 411/18, con la que se suplantó de manera insólita la audiencia pública que corresponde antes de aumentar un servicio público por un “documento de consulta”, que limitaba a la presentación de un escrito el derecho de los vecinos a manifestarse contra la suba del boleto.

La segunda resolución declarada inconstitucional es la 412/18, que autoriza la readecuación del cuadro tarifario para el servicio de transporte público hasta llevarlo a $26 en diciembre.

La sentencia no es retroactiva porque “pondría en grave riesgo de continuidad al servicio público de transporte de pasajeros afectando de modo directo al mismo grupo que se pretende proteger”, según la explicación que brindó Mosmann en su sentencia. Ese mismo argumento, el de proteger a los pasajeros, es el que utilizará Saeta en su presentación apelatoria.

“Con el fallo nosotros dejamos de disponer unos $8 millones en diciembre para poder afrontar los compromisos que tenemos de la prestación del servicio, y si no tenemos de dónde sacar los recursos uno tiene que hacer los reajustes del sistema y uno de los argumentos por el que la jueza no lo hizo retroactivo fue casualmente para no afectar el servicio que le afecta a los usuarios que ella defiende”, dijo Juri y sumó al planteo el reciente incremento en el precio del gasoil, que encarece solo este mes en $6 millones el servicio.