Denuncian que obras sociales restringen prestaciones y no cumplen con reintegros

Cuando se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia, las obras sociales comenzaron a recortar prestaciones, dejando a los afiliados sólo con la cobertura de emergencia. Si bien las medidas de limitar la atención tenían que ver con desalentar el uso de los servicios médicos y la concentración de personas, una vez que se flexibilizaron las actividades, las obras sociales continuaron con las restricciones.

“Al principio era razonable que las empresas reorganicen sus prestaciones y desalentar el uso de los servicios médicos, pero ya después de cuatro meses, la situación es diferente. Hoy ya hay protocolos médicos para la atención en consultorios, para kinesiología, para fisioterapia, para atención en farmacias. La limitación en la atención de las obras sociales, en las prestaciones médicas, en los trámites de reintegro, ya no se sostiene. Son muchas las obras sociales que mantienen estas restricciones. Los afiliados hacen aportes importantes para tener todas las prestaciones” dijo el Defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos, en radio CNN Salta.

Muchos de los reclamos tienen que ver con prestaciones oftalmológicas que no se están autorizando por medio de las obras sociales pero sí de manera privada, “y luego la obra social no quiere realizar los reintegros. Lo mismo con prestaciones odontológicas. De manera particular uno puede acceder a todas las intervenciones que sean necesarias, pero las obras sociales no están reconociendo la devolución de lo que uno paga de manera privada”.

Burgos también se refirió a la situación que atraviesan los trabajadores que contraen coronavirus en un contexto laboral: “Un personal de salud que tuvo que ser internado, tenía la obra social activa, pero no le quiso cubrir la internación por COVID-19 positivo. Sucedió lo mismo con la ART que entiende que no tiene que cubrir el coronavirus. El decreto es muy claro, COVID-19 es una situación sanitaria que tiene que ser cubierta por las obras sociales  y la ART como una enfermedad de trabajo, sobre todo por personal de salud”.

El Defensor del Pueblo indicó que, ante el creciente número de reclamos, lo primero que se hizo fue intervenir ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo competente, le pedimos que presenten informes en términos de cuáles eran efectivamente las empresas que solicitaron autorización para restringir  las prestaciones o si estas restricciones se están haciendo de manare unilateral.