Causa de la venta de plasma: "Se había intentado promover una defraudación"

No está lejos de acabarse el escándalo que surgió semanas atrás con la supuesta venta de plasma en Salta, situación, por la cual, ya hay una investigación en marcha en la justicia provincial con dos imputados: el médico Martín de la Arena de HemoSalta, y la directora del Centro Regional de Hemoterapia Betina Saracino.

En diálogo por Sin Vueltas de InformateSalta el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien lleva adelante el caso, amplió los detalles recordando que la causa “inicia por la investigación acerca de la comercialización del plasma, por las tareas investigativas en pos de verificar y esclarecer el hecho. Se terminó verificando que si bien no se había comercializado, se había intentado promover una defraudación, en este caso, contra el IPS”.

Dicha maniobra habría pretendido “el cobro del servicio que implica la aplicación del plasma, primero por un valor excesivo –casi el doble-, y luego con una nomenclatura diferente para reemplazar el pago y obtener un beneficio económico”, tras lo cual se procedió a una “imputación inicial por tentativa de defraudación estatal”.

No obstante y siguiendo con los informes “se registró otra situación irregular en lo que sería el vínculo contractual entre el Centro de Hemoterapia y entidades privadas, derivadas de negocios incompatibles con la función pública, cuando un ciudadano con cargo público realiza actos comerciales con instituciones privadas que se benefician económicamente”. Dicha conducta llevó a ampliar la investigación.

Defensa

Con respecto a los argumentos que el doctor De la Arena había manifestado, que en realidad los cobros por la aplicación del hemoderivado correspondían a honorarios e insumos, el fiscal aseveró que eso fue valorado al momento de la imputación. Sin embargo, al no cobrarse el plasma y al pretenderse cobrarse el procedimiento, “todo el proceso de maquinaria, profesionales e insumos, todo lo absorbe el Estado a través del Centro de Hemoterapia, sumado a que el recurso es donado voluntariamente por los salteños.

“No existe justificativo hasta el momento, no lo encontramos, donde se sustente este monto de $30 mil o $60 mil”

Finalmente y sobre las penas que se podrían dictar al final de la causa, Ossorio puntualizó que estos delitos traen aparejados penas de prisión que pueden llegar a los 6 años y “en caso que sean razones delictivas en perjuicio del Estado por parte del sector público, van con una sanción accesoria de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y eventualmente multas, si ha ocurrido algún beneficio patrimonial indebido”.

“No tiene ningún sentido la cotización que se le daba al servicio, era exorbitante”.