Un “arrepentido” dijo que Prado le dio $800 mil para pagar la extracción y el traslado de los caños

En el marco de la investigación penal por el robo de caños del Gasoducto GNea, el fiscal general, Eduardo José Villalba, señaló al ex intendente de Aguaray, Jorge “Kike” Prado, como uno de los organizadores de “una empresa criminal”, que tenía como objetivo la sustracción de los caños para ser introducidos en el mercado negro, todo ello con el objetivo de beneficiarse económicamente a costa del Estado Nacional.

El fiscal señaló que el ex jefe comunal, en conjunto con el dueño de la firma OSYP SA, Diego Alos, idearon la “mentada” resolución 1215/19, la cual ya era “horneada” antes de que Prado asumiera como intendente, con el fin de darle una apariencia legal a la sustracción de los caños, al sostener que supuestamente contaminaban el ambiente.

Según el testimonio brindado por un “imputado colaborador”, que fue contratado por Alos para el robo de 161 caños, Prado le dio la suma de 800 mil pesos para cumplir con el pago de transportistas y maquinarias necesarias para extraer y trasladar los caños.

Incluso sostuvo que su aparición en un hotel de la localidad de General Mosconi fue solventada por Prado, quien, a su vez, habría hecho uso de una remesa de fondos del municipio, por una suma de 400 mil pesos, para destinar a estos gastos y otros relacionados al robo.

Para disfrazar la maniobra, agregó el fiscal, se confeccionaron facturas a nombres de empresas como Minera del Altiplano, Adrián Mercado y Tubos Renar, todas falsas.

Respecto a Céspedes, el fiscal señaló que no se trata de ningún “incauto” en este caso, como intentó hacerse ver al declarar e inculpar a Prado de todo, pues existen numerosas pruebas de que tuvo una participación activa en la ejecución de la maniobra.