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Aunque todavía no tiene los votos necesarios para sancionar la reforma tan esperada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el kirchnerismo aprobó en comisión la modificación de la ley Ministerio Público Fiscal, que cambia la forma de designación y remoción del Procurador General de la Nación.
Desde las 19.25, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de Diputados debatió la reforma, con una mayoría de diputados presentes y algunos de manera remota, hasta pasada la medianoche. La sesión se tensó a partir de un fuerte cruce entre los diputados Leopoldo Moreau y Fernando Iglesias. El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría con 34 acompañamientos, mientras que el de Juntos Por el Cambio obtuvo 29 por la minoría.
La nueva ley modifica el procedimiento de designación del Procurador, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”. Así, ya no sería necesario el consenso calificado entre las fuerzas políticas.
El candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández, Daniel Rafecas, reiteró ayer que esa modificación es un límite para seguir en carrera. “Si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, posteó en su cuenta de Instagram.
Su pliego está en el Senado desde diciembre de 2019, sin que el kirchnerismo lo haya impulsado.
La idea de Cristina Fernández es designar al Procurador, reemplazando la mayoría de dos tercios de los miembros presentes por el de “mayoría absoluta de sus miembros”.
La reforma también cambia el procedimiento para remover al jefe de los fiscales: actualmente esto se realiza mediante juicio político por los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional donde la Cámara de Diputados, por mayoría especial de dos tercios de sus miembros, acusa al Procurador ante el Senado, quien también por mayoría de dos tercios, lo juzga en juicio político. De aprobarse el proyecto sin modificaciones, se relajarían esas mayorías y haría que en el caso de la Cámara baja alcance la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político. Asimismo, establece que el juicio político se puede iniciar por decisión fundada del Poder Ejecutivo Nacional, quien se lo comunica a la Cámara de Diputados.
Otro de los puntos centrales de la reforma es el plazo de mandato: el cargo que hoy es vitalicio ahora sería por un plazo de 5 años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.
La otra verdad
En realidad, el principal objetivo del oficialismo es remover al procurador interino Eduardo Casal, quien sigue repitiendo que no piensa renunciar porque “hay que defender a las instituciones”. “Otra vez se está legislando en función de las personas, esta reforma avanzó porque no pueden llegar a los dos tercios para elegir al Procurador”, lamentó Casal en la intimidad.
Durante los últimos meses, Casal fue blanco de críticas y hasta de denuncias por parte del oficialismo, que intentó avanzar con su juicio político, lo amenazó con denuncias penales, y últimamente puso en duda su patrimonio personal.
Este lunes la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió al procurador interno en una carta pública. “Eduardo Casal, un Procurador interino sin el acuerdo del Senado que prevé la ley vigente. Eduardo Casal, fiscal designado sin concurso en el año 1992, durante el menemismo. Eduardo Casal, el mismo que protege al Fiscal Stornelli -fiscal macrista si los hay-, en la también inédita situación de tener procesamiento confirmado en segunda instancia por delitos cometidos en el ejercicio de su función y seguir ejerciendo el cargo de fiscal. Y pensar que son ellos, los y las de Juntos por el Cambio, quienes dicen que queremos poner un procurador sin respetar las instituciones y que somos nosotros los que ‘buscamos la impunidad’!”, se quejó.
Casal asumió como procurador general interino en octubre de 2017 cuando renunció como jefa de la fiscales Alejandra Gils Carbó, tan hostigada por el macrismo para que se vaya como ahora Casal por el kirchnerismo. Casal, de 63 años, llegó allí porque la ley del Ministerio Público Fiscal establece que ante la licencia o renuncia del titular quien asume es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación más antiguo en el cargo. Casal lo era.
Para reemplazar a Gils Carbó con una nueva titular en la Procuración General Macri propuso a Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Pero el peronismo la rechazó y Macri terminó su presidencia con Casal como interino.
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