Sin medias tintas, el gobernador jujeño Gerardo Morales firmó ayer el decreto acuerdo Nº 696 que establece la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19 en los empleados públicos de la provincia.
Cuando el tema a nivel nacional aún está en debate, Jujuy nuevamente tomó medidas pioneras. Fue el caso el año pasado de la suspensión de las clases presenciales, el uso obligatorio del barbijo y la circulación por número de DNI.
Ahora el artículo 1 del decreto dispone que deben vacunarse "todos los agentes dependientes de la administración
pública provincial, entidad autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades
del estado cualquiera sea su situación de revista
y lugar en que presten servicios".
Además, en el artículo 2 se invita "a la actividad privada en general a adherir, en especial a los sistemas privados de salud, educación, seguridad, transporte público y privado, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas en general".
En el informe del COE anoche también quedó en claro que los empleados que no se vacunen no podrán asistir a sus lugares de trabajo por lo que la inasistencia será injustificada y perderán la remuneración correspondiente.
Con este contexto -y haciéndose eco de una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Trabajo de la Nación- se pedirá el retorno a las tareas presenciales de todos los trabajadores vacunados, incluidos los que estaban dispensados.
Finalmente, el decreto pide a los poderes Legislativo, Judicial, Municipios y Comisiones Municipales que adhieran y establezcan la obligatoriedad de la vacunación en sus empleados.
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