Entre los temas destacados en el acta de labor parlamentaria para la Sesión Ordinaria del día 8 de noviembre en la Cámara de Diputados, figuran el proyecto de Ley de la Memoria, Verdad y Justicia, de autoría de los diputados David Leiva; Esteban Amat Lacroix; Patricia Hucena; y German Darío Rallé; y los Senadores Héctor Miguel Calabró; Diego Evaristo Cari; Jorge Mario Emilio Durand; y Sonia Elizabeth Magno.
El proyecto de Ley, resulta ser una deuda con los organismos de derechos humanos de Salta y con la sociedad, donde, finalmente, debemos institucionalizar el funcionamiento como política pública de: la formación y educación en Derechos Humanos; el señalamiento de los Sitios de la Memoria, en especial los Centros Clandestinos de Detención y Tortura; el Archivo Provincial de la Memoria, que ya funciona mediante decreto 1741 del año 2008 con muchas dificultades.
Además de la creación definitiva de la Comisión Provincial de la Memoria, que funciona mediante reglamento interno aprobado por Resolución Ministerial Nº 1609 del entonces Ministerio de Derechos Humanos de fecha 23/12/2014, que reúna nuestros máximos referentes en la lucha de los organismos de Derechos Humanos, y miembros del estado, para que juntos puedan seguir diseñando políticas públicas.
La Mesa de Derechos Humanos de Salta, invita a partir de las 16 horas en la escalinatas de la Plaza Güemes (Frente al palacio legislativo) a acompañar el tratamiento del Proyecto de Ley que surge de la necesidad urgente de sensibilizar a las nuevas generaciones acerca de la importancia de defender la democracia con todas sus garantías y de asegurar el respeto por el Estado de derecho y los Derechos Humanos,
La iniciativa también apunta a implementar políticas públicas, tanto en la formación y educación en Derechos Humanos, como en el señalamiento de los Sitios de la Memoria donde se cometieron hechos de terrorismo de Estado, valorizar el Archivo Provincial de la Memoria y la creación legal definitiva de la Comisión Provincial de la Memoria, que viene reuniendo referentes en la lucha de los Organismos de Derechos Humanos, junto a los miembros del gobierno, para que juntos puedan seguir diseñando políticas públicas.
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