Es ley el registro de deudores alimentarios y avanza el proyecto contra los obstructores de vínculos

En una nueva sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó dos proyectos vinculados a los lazos familiares. Uno es el registro de Obstructores de Lazos Familiares, que pasa a Diputados en revisión y el otro es el registro de Deudores Alimentarios, sancionado en definitiva. 

En relación al primero, se prevé que el registro dependa del Poder Judicial, en donde quedan registrados todos aquellos progenitores (padre o madre) y/o tutor que, gozando de la tenencia de alguno o algunos de los hijos menores y/o incapaces, y mediare régimen de visita establecido judicialmente o por convenio homologado por la misma vía, impidan tener contacto con su progenitor (padre o madre) no conviviente y/o por quienes tengan derecho de visita. 

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“Esto busca garantizar el derecho de toda la familia extendida a tener un contacto con el niño, pero además, del niño a tener el reconocimiento de su identidad biológica, de que tenga la conexión que necesita para crecer socialmente, para aprender de sus mayores, para tener el vínculo y para tener, aún en la ruptura de los adultos, una familia extendida”, indicó al respecto su autor, el senador Emiliano Durand. 

En este sentido, detalló que las sanciones que se establece para el obstructor es que no van a poder ser candidatos a cargos públicos, no van a poder obtener créditos del Estado, no van a poder ser jueces o funcionarios judiciales, acceder a viviendas sociales. “Se trata de desalentar conductas que le hacen mal a los chicos”, dijo. 

En relación al segundo, incorpora el art. 4° bis a la Ley 7.411, referente a que las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios de la provincia de Salta, no puedan ser designadas como autoridad superior o en un cargo jerárquico en la Administración Pública Centralizada o Descentralizada, Organismos Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, en el Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y Auditoría General de la Provincia. Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

“Viene a complementar el ya existente registro de deudores alimentarios, incorporando algunas sanciones. Nosotros como Estado tenemos que garantizar las condiciones materiales para el desarrollo de los niños y castigar o buscar que sea más difícil generar algún tipo de maniobra para evadir con la obligación alimentaria”, comentó al respecto el legislado Javier Mónico.