Trabajo esclavo en otra finca riojana

Tras avalar la inspección de la AFIP en una finca del diputado salteño Alfredo Olmedo, el gobierno de La Rioja está denunciado ahora por lo mismo que se le imputa a Olmedo: trabajo esclavo, esta vez, en una finca que fue estatizada el año pasado por el gobernador Luis Beder Herrera.

Sociedad18/02/2011

Días pasados la AFIP denunció "trabajo ilegal y condiciones laborales infrahumanas" en un campo riojano, propiedad del diputado nacional por Salta Somos Todos, Alfredo Olmedo. Inspectores de la Dirección de Recursos de la Seguridad Social detectaron en el predio de 950 hectáreas, adultos que vivían junto a menores en condiciones precarias en carpas de nylon. Ahora las denuncias salpican al gobierno provincial.

El miércoles, la Secretaría de Trabajo, Delegación Aimogasta (una localidad riojana en el departamento de Arauco), labró actas en la finca de Principal S.A, empresa situada sobre la Ruta 60, km 4,5, que fue estatizada por Beder Herrera en febrero del año pasado. Allí, entre otras irregularidades, se encontró a niños trabajando.

Al momento de la entrada del Estado en la firma, Principal S.A. constaba de una fábrica de elaboración de aceitunas y una finca aledaña de 270 hectáreas. NCN se comunicó con la presidente de Agroarauco SAPEM (el nombre que tomó la empresa luego de convertirse en sociedad anónima con participación estatal mayoritaria), Ruth Borda, quien deslindó la responsabilidad del gobierno provincial con el argumento de que lo que fue estatizado fue la fábrica, pero no la finca.

“No tenemos nada que ver con el campo, sólo le compramos aceituna para elaborarla. La finca que está al lado ni la conozco, y si tienen trabajadores irregulares no lo sabía, nosotros sólo hacemos controles técnicos sobre la calidad de la aceituna”, se justificó, aunque reconoció que la persona a cargo de la finca y ex presidente de La Principal, Carlos Baigorria, “asesora en la planta”.

El traspaso de la elaboradora de aceitunas Principal S.A. a la Provincia se produjo en febrero de 2010, en un acto del cual participó el gobernador. La situación de la finca aledaña no es tan clara. La ley 8.525 autorizó al Ejecutivo a adquirir por contratación directa la olivícola arauqueña Principal S.A., “a fin de evitar que su cierre deje improductivas 200 hectáreas de olivos, sin trabajo a su personal y perjudique la cadena productiva en tres departamentos, Arauco, Castro Barros y San Blas de los Sauces”. Es decir, pese a que Borda deslindó la responsabilidad del Estado, la finca estaba incluida. Además, la oposición provincial denunció que un informe del Tribunal de Cuentas señala que entre las erogaciones efectuadas por Agroarauco SAPEM en el periodo marzo/abril de 2.010 figuran $ 65.560,04 para “energía de Principal S.A.” y $ 23.116 para sueldos de la misma empresa.

El miércoles, una inspección encontró menores de edad trabajando en la finca de Principal S.A., como así también un galpón sin ventilación utilizado para albergar a trabajadores golondrinas. Desde UATRE intimaron a la empresa olivícola a cumplir la legislación vigente en un plazo de 48 horas, y remitieron a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia un pedido de clausura de la firma.

La empresa ya había sido inspeccionada el 3 de febrero, cuando la Secretaría de Trabajo, Delegación Aimogasta, constató que “el albergue transitorio para trabajadores temporarios cuenta con 13 carpas estructurales de 4m x 6m”, e intimó a la empresa a que adecue “un baño por carpa, más colchones y media sombra por cada carpa y tarimas para colocar los colchones”. Además, le recordó a la firma que “está prohibido el trabajo de los niños”.

El 15 de febrero, la Secretaría de Trabajo volvió a realizar otra inspección en el campo de Principal S.A y constató que "la firma de referencia da cumplimiento en forma parcial con el emplazamiento que le efectuara la Secretaría de Trabajo el 3 de febrero”, pero seguían existiendo irregularidades como “sector destinado a lavadero con la implementación de piletas; instalación de tarimas para la colocación de colchones. Se sugiere a la Razón Social que se adapte la instalación de un freezer o heladera para que los trabajadores puedan conservar los alimentos en buen estado. Retirar de los lugares de trabajo a los menores que se encuentran en la finca".

Además, se efectuó la inspección de un galpón que fuera contratado por la firma Principal S.A, ubicado en el Barrio San Nicolás de la ciudad de Aimogasta, destinado para el alojamiento de trabajadores cosecheros. En el mismo se constató, según acta, que "no reúne las condiciones mínimas necesarias para el alojamiento de personas. Y se emplaza a la Razón Social para que en el término de 48 horas adopte las siguientes medidas: dotar de baños químicos a razón de 1 por cada 8 o 10 trabajadores, separando los masculinos de los femeninos; adaptarse extractores de aire o ventanas para permitir la ventilación del lugar; se debe retirar del lugar (galpón) toda clase de material propenso a combustión y/o inflamable; se debe adaptar cuchetas con sus correspondientes colchones; sector destinado para el lavado de prendas y utensillos; se debe dotar al espacio de agua potable de red y/o bebederos; un freezer y/o heladeras para mantener frescos y en buen estado los alimentos”.

Carlos Baigorria, que firma las actas en carácter de presidente de Principal S.A, es el mismo que rubricó el contrato de traspaso de la empresa al gobierno riojano. Omar Muga, delegado normalizador de UATRE-La Rioja, le confirmó a NCN que, actualmente, representantes de la Secretaría de Trabajo, de Migraciones y de UATRE están realizando en el lugar un relevamiento "sobre las condiciones de contratación de los trabajadores y la situación de los extranjeros, en su mayoría bolivianos". Muga se mostró, además, muy preocupado por la "presencia de menores".

Fuente: Agensur

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