El crematorio municipal capitalino se podría instalar en la zona de La Pedrera

En Salta capital vuelve a analizarse la posibilidad de crear un crematorio municipal, ante el colapso de los cementerios públicos. En 2017 y en 2018 se presentaron propuestas similares en el Concejo Deliberante pero no prosperaron, sobre todo por cuestionamientos ambientales. La iniciativa ahora es liderada por el edil Alberto Castillo (PRO), quien estimó que este servicio, que sería gratuito para las familias más vulnerables, podría ubicarse en el camino a La Pedrera, en la zona sudeste.

El lunes último, la comisión de Legislación General del Concejo dio dictamen al proyecto del concejal Castillo, que apunta a modificar el artículo tercero de la ordenanza 8.291, que declara como servicio público la cremación de restos humanos. La redacción nueva fija: "Será optativo el servicio de cremación por formal petición de los deudos o responsables, a tales fines el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la creación del crematorio público municipal, dentro del ejido de la ciudad de Salta. Para la instalación y funcionamiento del mismo se deberán cumplir y observar todas las normativas y recomendaciones atinentes para la seguridad e impacto ambiental".

En 2017, el entonces concejal Alberto Hosel presentó un proyecto en esta línea y Castillo lo hizo el año pasado, al aducir que los cementerios de la ciudad están colapsados. Techos caídos, filtraciones de agua en las paredes, oscuridad y condiciones precarias de trabajo son los problemas principales en el cementerio de la Santa Cruz, según un informe que publicó este medio el 28 de febrero último.

La mejor ubicación

Al hablar con El Tribuno, el concejal del PRO consideró que el crematorio municipal podría ubicarse en la zona sudeste de la ciudad, por el camino de La Pedrera: "Tenemos lugares donde reubicarlo, tenemos que modificar la línea de ejido municipal". El secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la comuna, Gastón Galíndez, también miró en la misma dirección. "Si se aprueba el proyecto, hay que ver la factibilidad, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano. En principio, uno siempre piensa en los lugares donde están instaladas las industrias", dijo.

Castillo justificó la creación del crematorio con tres argumentos. En primer lugar, mencionó la falta de lugar en los cementerios: "En este momento no hay nichos. Hay que esperar a que se desocupe uno o va a una fosa, donde entran entre 60 y 70 cajones, lo que produce un daño ambiental latente; aparte, a nadie le gusta que los restos de sus familiares sean dispuestos de esa forma".

En segundo lugar, contó que cada día van vecinos al Concejo Deliberante a pedir que les condonen las deudas que tienen por sus difuntos en los cementerios municipales: "En caso de que quieran sacar el cajón, no lo pueden disponer: va a un osario común o tienen que llevarlo a Güemes (donde hay un crematorio privado)”.

Por último, mencionó que muchas familias piden el servicio funerario a la Cooperadora Asistencial porque no pueden costearlo. “Creo que la cremación optativa sería una forma de abaratar un servicio municipal a muchas familias, respetando sus credos y la disposición final de la persona que falleció”, señaló.

Conviene a la larga

Castillo evaluó que se trata de un servicio mucho más accesible y con costos menores que el método tradicional, aunque observó que ambos pueden convivir. “Capaz, en ese momento es cara pero con el tiempo sea una solución, no solo para el municipio por un problema de espacio y de costo de mantenimiento, sino también para las familias, porque mantener un nicho familiar o un panteón es costoso”, dijo.

“Esta solución va a beneficiar a toda la sociedad. Creo que va a ser una función social lo que va a producir el crematorio en la comunidad”, cerró. 

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos aseguró a El Tribuno que en muchas ciudades hay crematorios y que esto no genera inconvenientes: “La tecnología ha avanzado y los filtros -entiendo yo- tendrán que funcionar para el cuidado y la protección ambiental”. 

“Nunca nada va a poder ser habilitado, sin que pase por los debidos controles”, aseguró Galíndez. “Todo esto requiere de un estudio de impacto ambiental que tiene doble control. Primero, como obra a realizarse y, segundo, como actividad comercial (sic), con el efecto que pueda impactar en el ambiente”, agregó.
El funcionario se refirió a la importancia de consultar a la comunidad científica: “Siempre es oportuno dar participación a técnicos profesionales y especialistas, no solo los que traen quienes proponen esto, sino también a aquellos consultores que trabajan en materia de calidad de aire y de ingeniería industrial”.