Piden derogar la ley que otorga “superpoderes” a la Policía

Legislativa 07 de julio de 2020
Diputados opositores criticaron la norma que faculta al jefe de la fuerza a detener, juzgar, y sentenciar sin intervención del Poder Judicial. Las explicaciones de Gobierno.
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Legisladores provinciales de la oposición firmaron un pedido para que se derogue  la Ley N° 8101, antes conocido como decreto 255, por la cual se crea el régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

La iniciativa, que lleva las firmas de Chibán, Villa, Fiore, Godoy, entre otros, se fundamenta en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de la provincia ante la supuesta amenaza que sufren de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad con el consiguiente riesgo para su salud.

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En la oportunidad, consideraron que se creó un mecanismo que pone en manos del jefe de la Policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar, y aplicar la pena de arresto a los presuntos infractores sin la intervención del Poder Judicial para controlar la legalidad de la detención, ni la figura del defensor o defensora.

En el mismo sentido, explicaron que una persona puede ser condenada a una pena de arresto sin haberse podido defender, ofrecer prueba ni contralar la que se presente en su contra. "Solo tendría derecho a un recurso judicial una vez condenada y en ese caso deberá esperar la resolución privada de su libertad", dijeron.

La respuesta desde Gobierno

Al ser consultado sobre el tema, Ricardo Villada, ministro de Gobierno, se mostró abierto a modificar la ley ante "eventuales" necesidades. “No queremos una policía que no sea controlada, si es necesario discutir y evaluar modificaciones obviamente lo vamos a hacer”, sostuvo.

También se refirió al recurso presentado por Nación y a la sugerencia de adherir a las recomendaciones que dio el Ministerio de Seguridad de la Nación. “El gobierno está absolutamente dispuesto a dar todas las garantías para que en Salta, se respete absolutamente todas las normas que establece la defensa de los Derechos Humanos”.

 

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