Aguaray: Imputaron al ex intentende Enrique Prado por malversación de caudales públicos

Hoy el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón imputó al exjefe comunal de Aguaray, Jorge Enrique Prado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. La audiencia se realizó en forma remota debido a que Prado se encuentra en la capital provincial, junto a su abogado escuchó las acusaciones y se abstuvo de declarar.

El municipio fue intervenido tras la vinculación de Prado en el robo de caños del gasoducto del NEA, sin embargo ahora también está acusado de haber realizado una mala administración del dinero del municipio.

La imputación se realizó luego de que el interventor Adrián Zigarán diga a la prensa que Prado dejó un déficit de 19 millones de pesos. Aseguró que el ex intendente “recibió en diciembre de 2019 un municipio totalmente saneado y con depósitos bancarios en las cuentas del municipio que alcanzaban  los 7.900.000. Diez meses más tarde y al ser intervenido,  el déficit es de 19 millones de pesos sin que aún se haya determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos que tendrán vencimiento en los próximos meses”.

La situación obligó a la intervención del fiscal, que “por el momento solo se tiene certezas de que el exintendente de Aguaray se fue dejando una deuda de unos 5 millones de pesos con los 300 planilleros y que corresponden a los meses de agosto y setiembre, a los que se suma ya el mes de noviembre con lo que el municipio deberá conseguir en forma más que urgente unos 7 millones y medio de pesos”.

Zigarán también reveló sobre gastos de combustible que “no se puede gastar más de $240.000 pesos por mes; pero la gestión anterior nos arroja que en 10 meses  gastaron 4 millones de pesos en  combustibles. Pero eso corresponde solo al pago con cheques y todavía no sabemos si no se han hecho transferencia bancarias  por ese mismo concepto”. Prado también habría dejado deudas salariales con personal de planta permanente; personas contratadas y concejales del municipio.

Entre algunos datos contemplados en la investigación, consta que “más de la mitad de la deuda tiene carácter de delicada y urgente”, compuesta por: un descubierto bancario (cubierto con adelanto de coparticipación); plan Aguaray Trabaja (debería cancelarse con urgencia, el mes de agosto se pagó en octubre); retroactivos de sueldos no pagados de febrero a abril; saldos impagos por sueldos de septiembre; remuneraciones adeudadas a concejales (en algunos casos de marzo); retenciones laborales de ATE, UPCE y SOEM y proveedores de bienes y servicios esenciales sin órdenes de pago, con cheques emitidos y rechazados por valores entregados con pocas probabilidades de pagos en el corto plazo, entre otras irregularidades.