El Senado Provincial dio su apoyo al proyecto de intervención de Salvador Mazza

En sesión, la Cámara de Senadores de Salta aprobó el proyecto para la intervención del municipio de Salvador Mazza, teniendo en cuenta los allanamientos y secuestros millonarios de vehículos, dinero y hasta un arma al intendente Rubén Méndez. Ahora, será el turno del tratamiento en la Cámara de Diputados.

A su turno, el senador por el departamento San Martín, Manuel Pailler, tomó la palabra y aseguró que si bien lo ocurrido durante la jornada de ayer sorprendió a la opinión pública, no es algo nuevo.  

“Nosotros como órgano legislativo tenemos que mirar la situación que se está viviendo en la localidad de Salvador Maza porque si bien esto ha hecho explosión en el día de ayer, esto ya viene desde hace varios años”, dijo.

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En este sentido, recordó que en el año 2017 él ya había presentado un proyecto de intervención que no prosperó debido a que la Cámara de Diputados no sancionó el dictamen, razón por la cual no pudo ser tratado.

“El intendente fue destituido ese año y por problemas, no de fondo sino de forma, fue apelado a la Corte de Justicia donde un fallo deja sin efecto la resolución del Concejo Deliberante por errores realizados durante el trámite de la destitución”, indicó.

Asimismo, puso sobre la mesa las numerosas denuncias realizadas por el Concejo Deliberante de Salvador Mazza, por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y por no respetar la Carta Orgánica. Además, de vetos a ordenanzas que tenían como fin el control de su gestión. Incluso, tiene una denuncia penal por violencia de género por parte de su ex esposa.

Villada fundamentó las razones del pedido de intervención ante el Senado

Convocado el Senado, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, asistió este jueves por la tarde a la Legislatura Provincial, donde sostuvo que el pedido de intervención solo alcanza al departamento ejecutivo, teniendo en cuenta que está funcionando el Concejo Deliberante y que en breve se producirá el recambio de ediles, electos el pasado 15 de agosto.

Agregó que “el remedio institucional” propuesto no implica una valoración del ámbito judicial, sino que se inscribe en la necesidad de preservar la institucionalidad del municipio teniendo en cuenta que se requiere de credibilidad social para poder llevar adelante los destinos del pueblo.

“Está vigente una Ley que declara la emergencia socio sanitaria para tres departamentos del Norte, más la pandemia y es inminente la reapertura de las fronteras, por lo que se requiere de una conducción municipal que preste atención a todas estas situaciones”, explicó Villada.