En un 2021 histórico la justicia posicionó a una mujer y emitió fallos controversiales

Justicia 04 de enero de 2022
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Como todos los años, la justicia, tanto en el fuero provincial como en el federal, dio que hablar, a veces para bien y otras no tanto. En el plano local, sin dudas, la designación de la jueza Teresa Ovejero como presidente de la Corte fue la nota destacada.

Tanto, que la toma del cargo se hizo ceremonia mediante el 10 de diciembre pasado, acto del cual participaron todos. Unos días antes, el primero, de los nueve jueces de la Corte la había proclamado presidenta de manera unánime, en un cónclave que fue un simple trámite.

De esta manera, y después de 166 años desde su creación, el Poder Judicial recibió a una mujer en el cargo más alto. Con 28 años de trayectoria, nadie discutió la capacidad de Ovejero, aunque sí hubo una pequeña disputa interna con otro juez, quien finalmente se convirtió en vicepresidente.

Teresa Ovejero 4

Tras su posicionamiento, Ovejero no se quedó en los laureles y comenzó con una intensa agenda, sin esquivarle el bulto a algunos temas de fondo, entre ellos el salarial, siendo la primera que dio a conocer cuánto ganan (alrededor de 700 mil pesos) los que llegan a ese estrado.

El dato, aunque no cayó muy bien entre el resto de los integrantes de la Corte, no alcanzó el reproche. El 23 de diciembre, en tanto, se consumó otro hecho histórico para el alto tribunal, pues se formalizó la reforma del artículo 156 de la Constitución Provincial, el cual establece la duración de los jueces de Corte.

De los 6 años con renovación indefinida, ahora sólo podrán ejercer en sus cargos por 10 años por única vez y sin chances de reelección, reforma que alentó a varios a jubilarse, posibilidad latente en tres jueces de ese tribunal. Ernesto Sámson, Sandra Bonari y Guillermo Catalano, ex presidente de la Corte. Otro de los que ya tendría decidido irse, sería Horacio Aguilar, quien, con los 10 años de ejercicio, no llega a la jubilación.

Rechazo

En materia de fallos, en tanto, el mayor reproche pasó por la decisión de beneficiar con la prescripción a los ex sacerdotes que ya estaban a un paso de ser juzgados por graves delitos sexuales en perjuicio de menores que fueron monaguillos, entre ellos José Carlos Aguilera y Emilio Lamas.

LAMAS

La decisión, que fue dividida, igualmente golpeó a toda la Corte, la cual esperó resolver la prescripción con otro caso para recién aplicar el criterio sentado, y con ello intentar mostrar que la decisión estaba atada a la jurisprudencia, cuando los tiempos indican que fácilmente podían haber expedido antes.

A mediados de agosto pasado, la decisión del juez Pablo Mariño, vocal 3 de la Sala III del Tribunal de Impugnación de declarar absuelto al único acusado que había sido condenado por la muerte de cuatro brigadistas en el incendio ocurrido en Guachipas el 27 de octubre de 2014, causó gran indignación.

El fallo, que impuso a ese fuero el apodo de Tribunal de Impunidad, recibió un fuerte rechazo de la sociedad, ya que, con el mismo, las muertes de Mauricio Valdez, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte, quedaron prácticamente impunes.

Juicios

Pero si de juicio se habla, el debate que ganó la atención de todos los salteños fue el que tuvo a Marcos Lautaro Teruel y dos amigos en el banquillo de los acusados, siendo juzgados por el abuso sexual cometido en perjuicio de dos jóvenes, una de ellas menor de edad al momento de los hechos.

Por varias semanas, entre septiembre y octubre, la vida del hijo de unos de los cantantes de Los Nocheros fue motivo de debate, incluso su padre se presentó a declarar, reconoció los hechos y habló de otro caso más que no llegó a juicio, en una actitud que sorprendió a todos los salteños.

lautaro teruel

El propio acusado también reconoció su responsabilidad en uno de los hechos, mientras que discutió el episodio ocurrido con una joven mayor de edad, pero ni sus explicaciones ni la destreza de su defensa alcanzaron, por lo que el 18 de octubre, la Sala III del Tribunal de Juicio le bajó el martillo con una condena de 12 años de prisión, mientras que a sus dos amigos los dejaron absueltos.

En el fuero federal, en tanto, el juicio que se destacó fue el que concluyó hace unos días, el 16 de diciembre pasado, cuando el Tribunal Oral Federal 2, a pedido del fiscal Eduardo Villalba, condenó a tres de las diez personas llevada a juicio.

Aunque el número de condenados fue menor a la expectativa creada, incluso las penas impuestas a los tres que resultaron condenados fue menor a la pedida por la fiscalía, en el balance final pesó el hecho de que se trató del primer caso en Salta en el que se pudo llevar a juicio y condenar a un funcionario público.

Se trata nada menos que del ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, quien fue descubierto y acusado como el principal promotor del robo millonario de caños del Gasoducto GNEA, con un perjuicio para el Estado Nacional de más de 5 millones de dólares.

Prado estaba en funciones cuando fue imputado, aunque luego, el 16 de octubre de 2020, resultó destituido y llegó incluso a estar detenido al mes siguiente, pero más tarde fue beneficiado con el arresto domiciliario, medida que se mantuvo hasta el 29 de este mes, cuando su defensa, ante la Cámara Federal de Casación Penal, logró la libertad ambulatoria del ex intendente, quien el 16 de diciembre pasado había sido condenado a 6 años y 6 meses de cárcel por el delito de robo agravado.

prado

La liberación de Prado fue una sorpresa, un regalo de Papa Noel, como el que otros políticos de gran peso también recibieron en los últimos días del 2021. Pese a ello, en el análisis final, dejó como saldo positivo la condena de un ex intendente por corrupción que, de esos, aún hay muchos en Salta que esperan su turno de juicio.

Prófugo

Por último, y si hay una imagen que lo dice todo, esa fue la del ex teniente coronel Carlos Ignacio Cialceta, atrapado en el hueco del placar de una vivienda donde se hallaba escondido de la Justicia Federal, la que lo buscaba por delitos de lesa humanidad.

Cialceta, uno de los jefes del Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal, estaba prófugo desde marzo pasado, en el marco de una causa pena en la fue procesado por los delitos de secuestro, torturas y el homicidio del gremialista petrolero Jorge René Santillán, hecho ocurrido el 10 de agosto de 1976.

El 12 de noviembre, en tanto, el fiscal general Carlos Martín Amad se enteró de que el represor estaba oculto en una casa en pleno centro de la ciudad, por lo que solicitó que una comisión de la Policía Federal allane el inmueble y detenga al ex jefe militar.

Cuando llegaron a la casa, los policías buscaron por todos lados y dieron con Cialceta en una posición más que incómoda en el hueco de un placar. El ex militar se había escondido, pero quedó atascado y no pudo salir por propia cuenta, siendo retratado para la inmortalidad. La foto, casualmente, la difundió el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien se ganó varios seguidores en su cuenta de Twitter.

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