En medio del debate por el Presupuesto 2023, desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura aseguraron que en su caso hubo una merma en las partidas que le otorgan desde el gobierno provincial y aclararon que si corbran un sueldo por su trabajo.
Al respecto, Cristina Cobos, una de sus cuatro integrantes, indicó a FM Pacífico que el organismo está funcionando desde febrero sin presupuesto y al presentar el proyecto para el próximo año pidieron 58 millones.
Desde el gobierno se informó que este año el organismo contó con una partida presupuestaria de 10 millones de pesos, de la cual quedan alrededor de 2.400.000 millones de pesos sin utilizar.
“Ahora tenemos conocimiento que el presupuesto que fue enviado a la Cámara para su tratamiento, al Comité no lo incluyen como organismo autárquico como bien lo dice la Ley 8024. La Ley dice que tenemos independencia funcional y autarquía financiera, sin embargo, no se está cumpliendo con ese requisito”, dijo.
En este sentido, detalló que pese a ello, los incluyeron en el curso de acción del Ministerio de Gobierno porque lo que tendrán que requerir los fondos a ese organismo y ver la disponibilidad que tengan o no para otorgárselo.
“Eso a nosotros nos limita para nuestro funcionamiento. Nos dijeron cuando nos crearon que teníamos 10 millones y en octubre nos dijeron que ya no teníamos ni un peso. Nos reclaman que no tenemos estructura, si no tenemos plata, como vamos a tener estructura, estamos funcionando con gente de otros organismos afectadas, pero no gente que nosotros mismos podamos designar”, expresó.
Asimismo, aseguró que en principio les dijeron que sus sueldos, como directores de un organismo público, pero estima que, al haberse quedado sin dinero, finalmente los salarios salieron de ese presupuesto. “No tenemos nada, lo único que hemos conseguido hasta ahora es la compra de 4 escritorios y 3 computadoras, es todo lo que tenemos”, manifestó.
Además, aseveró que su balance, específicamente vinculado al accionar del Servicio Penitenciario, puede haber causado molestias. “Nuestro accionar para ellos no es conveniente lógicamente, pero es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer, para eso hemos concursado y estamos trabajando, vamos a seguir insistiendo para ver cómo vamos a funcionar el 2023. A ningún gobierno les gustó que nadie les vaya a decir como tienen que hacer, como tienen que organizarse, recibir las denuncias de la gente privada de la libertad, a ellos no les gusta. Ese uno de los motivos, probablemente y no nos quieran dar la autarquía”, afirmó.
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