Alimentos: investigan a ONG que compró toneladas de comida y pagó a empleados y funcionarios

El juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa investigan la compra, por parte del Ministerio de Capital Humano, de 3,3 mil toneladas de alimentos, valuados en casi 4 mil millones de pesos adquiridos a través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Se trata de la misma ONG internacional que tiene convenios marco de cooperación vigentes con el gobierno argentino y que desató el escándalo en la cartera de Sandra Pettovello por recibir alrededor de mil millones de pesos por acuerdos firmados por el ex secretario de Niñez, Familia y Adolescencia, Pablo de la Torre, quien a su vez habría entregado al menos 100 nombres para hacerlos figurar como contratados tercerizados.

La revelación terminó con el ex secretario de Salud de San Miguel fuera del gobierno de Javier Milei. En ese marco, el Gobierno impulsó una denuncia penal y realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La Justicia tendrá que investigar cuántos de ese centenar eran contratos reales, si hubo identidades fraguadas y si, del monto que figuraba en esos contratos, había una retención compulsiva, un peaje o un "aporte voluntario" del contratado, como se denunció.

La comida de Villa Martelli y Tafí Viejo

La tercerización en distintas áreas a través de la la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) no es nueva en la gestión de La Libertad Avanza. El 8 de febrero pasado Pettovello firmó convenios con esa institución y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos.

La cartera aseguró en un comunicado publicado en su página web que "estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad".

El texto también sostenía: "Además, permitirá adoptar criterios basados en especificaciones técnicas y nutricionales, en lugar de marcas comerciales y promoverá la participación de una amplia gama de proveedores, desde grandes empresas hasta pequeños productores locales".

El anunció se realizó después de la decisión de Pettovello de quitarle la "tercerización" de la distribución de alimentos secos a las organizaciones sociales y piqueteras. Una auditoría interna reveló la existencia de "comedores fantasmas" administrados por los movimientos sociales a los que iría parte de esa comida pero que no llegaba a los sectores más vulnerables. Por esa razón la funcionaria suspendió la entrega de alimentos. La decisión abrió un brete de discusión con los dirigentes sociales que la acusaban de "insensible" y de "dejar sin alimentos a los pobres".

En medio de esa disputa, una segunda auditoría sobre el sistema de licitación y compras de la gestión de Alberto Fernández arrojó que la ex cartera de Desarrollo Social adquiría los alimentos con "sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y falta de trazabilidad en el destino de los alimentos que salían de los depósitos hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda, para que sus dirigentes distribuyan los alimentos a los comedores y merenderos que administran", tal como publicó este medio.

También se afirmaba que los piqueteros y dirigentes sociales, apenas "rendían el 8%" de los alimentos que recibían.

El abogado Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), denunció a Pettovello por varios presuntos delitos, entre ellos "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" por haber cortado la entrega de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios.

En el marco de esa causa, que investigan el juez Casanello y la fiscal Ochoa, el dirigente de Argentina Humana presentó pruebas que en los depósitos de Capital Humano de Villa Martelli, ubicado en el conurbano bonaerense, y Tafí Viejo, en Tucumán, había más de cinco mil toneladas de alimentos, entre ellos casi una tonelada de leche en polvo con fecha próxima a vencer.

En su defensa, el Gobierno, a través de Manuel Adorni, el portavoz presidencial sostuvo que esa mercadería era para distribuir en situación de "catástrofe" y que no tenían vencimiento cercano. "Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. No es algo que ocurre sólo en la Argentina.... Imaginen repartir todos los alimentos y que el día de mañana tengamos una catástrofe que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock", apuntó Adorni desde la Casa Rosada.

Los funcionarios también afirmaron que esa mercadería había sido adquirida por el gobierno de Fernández. Sin embargo, días después, los argumentos se desmoronaron: Grabois aportó documentación oficial del mismo Ministerio de Capital Humano que demostraba que la leche en polvo, vencía en de dos meses. Entre otros productos.

Esos documentos desmentían otra afirmación: en los depósitos había alimentos adquiridos por Capital Humano bajo la tercerización de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Se trataba de aceite de girasol y lentejas secas. Y las firmas beneficiadas eran varias de las mismas cuestionadas en la denuncia penal que por presuntas irregularidades había realizado Leila Gianni, la subsecretaria legal de Capital Humano, tal como informó este medio.

Según las planillas aportadas por Grabois a la causa judicial, las firmas adjudicadas fueron Tanoni Hermanos SA, Valquiria SAS, Nomero SA, Alimentos Fransro SRL y Careaga Hermanos y Teglia SRL.

Todas ellas ya habían sido favorecidas en la gestión anterior teñidas por falta de trazabilidad y cartelización, entre otras presuntas irregularidades. La justicia no investiga un posible caso de corrupción en esta compra, sino si se adquirió para distribuirla entre los más necesitados, como sostiene o para "catástrofe" como insisten desde La Libertad Avanza.