Imputan a exdiputado salteño que lideraba el contrabando de granos a Bolivia

La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal formalizó la investigación penal contra un exdiputado provincial salteño y otros cinco imputados por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando agravado de granos a gran escala hacia Bolivia, con la acusación a esta organización de utilizar cartas de porte falsificadas para simular el transporte legal de la mercadería.

La investigación, dirigida por la fiscal federal Lucía Orsetti, se inició el 21 de agosto del año pasado a partir de una denuncia de la Dirección General de Aduanas (DGA). La fiscalía sostiene que la estructura delictiva era liderada por el exdiputado Luis Gerónimo Cisneros y el empresario Pablo Emanuel Arequipa (actualmente prófugo), quienes, a través de sus empresas, se encargaban de la compra de cereal de origen marginal.

La mecánica ilícita se basaba en la utilización de cartas de porte falsificadas emitidas a nombre de titulares apócrifos, a menudo personas de escasos recursos sin capacidad operativa para desarrollar la actividad declarada. El objetivo era evadir las cargas tributarias y dificultar la trazabilidad de la mercadería. 

En menos de 2 años, se estima que la red movió más de 15.000 toneladas de granos, cruzando ilegalmente la frontera por depósitos comerciales con salida directa a territorio boliviano en Salvador Mazza.

En la estructura, Arequipa y Cisneros, a través de sus firmas (Sergesa SRL, Spray and Seeds Agroservice S.A.S y LU.MA.CIS SRL), figuran como los líderes. En un escalón inferior, Alejandro Fernando Pedraza cumplía un rol crucial como gestor en la frontera. Pedraza se encargaba de modificar la documentación en el puesto de control de Aguaray para cambiar el destino de la carga a depósitos comerciales, ubicados en Salvador Mazza, cuyo fondo desemboca en Bolivia.

La mercancía, que llegaba siempre de madrugada en camiones de gran porte, era traspasada a bolsas dentro de las empresas para luego ser sacada en vehículos de menor tamaño y trasladada a territorio boliviano, burlando así el control aduanero y tributario. 

Las detenciones de los seis acusados (Cisneros, Pedraza, y los hermanos Toledo, entre otros) se concretaron el miércoles pasado tras una serie de nueve allanamientos en Salvador Mazza y Tartagal. La fiscalía detalló la existencia de ocho silos construidos como pantalla en la empresa Sergesa SRL de Arequipa, ubicada a metros de la frontera.

Al momento de ingresar a la casa particular de Arequipa, la fiscal Orsetti describió un escenario de fuga imprevista: “Estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia... se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias”. Además, se secuestraron abundantes evidencias, documentación, máquinas de contar billetes y armas (incluyendo una pistola 9 mm y una carabina con mira telescópica).

La fiscal federal Lucía Orsetti imputó formalmente a los seis detenidos por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes. La ganancia bruta de las empresas involucradas en 2024 ascendía a más de 1.400 millones de pesos.

A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, dictó la prisión preventiva para cinco de los acusados (Cisneros, Pedraza, Dorado y los hermanos Toledo) dada la extrema gravedad, el riesgo de fuga (demostrado por la huida de Arequipa) y el peligro de entorpecimiento de la investigación. Además, la Justicia solicitó la captura nacional e internacional del empresario prófugo Pablo Emanuel Arequipa.