Crean una comisión de ciberdelito para la reforma del Código Procesal Penal de Salta

La Comisión de Reforma estará bajo la dirección de la Procuración General y será integrada por el secretario de Justicia, Diego Sebastián Pérez; el director del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y Nuevas TICs del Colegio de Abogados y Procuradores, José Aráoz Fleming y representantes de las universidades, bajo la coordinación de la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo.

La Comisión de Reforma, que deberá elevar quincenalmente a la Procuración General los avances del proyecto, contará con el Asesoramiento Legal y Técnico del abogado especializado en evidencia digital y director de la Carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Salt.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, sostuvo que la aparición de la evidencia digital “implicó un cambio de paradigma en el proceso penal, de tal magnitud que nos llevó a repensar el tratamiento de la prueba en las investigaciones penales y en los códigos de procedimiento”.

“Todo lo que conocemos como prueba en el proceso penal actual, es muy probable que sea reemplazado en un futuro muy cercano por evidencia digital, sin importar qué tipo de delito estemos investigando. De esta manera, se produce una ampliación del concepto de lo que entendemos por delitos informáticos. Ya no se trata de la investigación de delitos específicos; lo que tiene que ver con el proceso penal y la prueba informática, va influir en la investigación de cualquier conducta delictiva, en todos los casos va a ser necesaria la evidencia digital, esto va a traer aparejado un cambio importante en la dinámica del proceso”, sostuvo Cornejo.

En este sentido, el Procurador hizo hincapié en que “no alcanza con la regulación actual” y destacó la necesidad de regular normas expresas que den tratamiento a la prueba digital como tal, a la luz de los lineamientos previstos en el Convenio sobre Ciberdelincuencia, aprobado en Budapest en el año 2001 y del que nuestro país forma parte.