Megaplantación de marihuana en La Caldera: La fiscalía imputó a otras cuatro personas

La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del NOA, a cargo del fiscal general Eduardo José Villalba, imputó el jueves pasado a cuatro hombres por el delito de siembra y cultivo de plantas para producir estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

La jueza federal de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez aceptó la acusación e hizo lugar al pedido de prisión preventiva respecto a uno de los acusados a quien se lo acusa de una mayor responsabilidad penal que a los demás. Giménez autorizó nuevos peritajes, la ampliación del plazo de investigación y rechazó una serie de impugnaciones planteadas por las diferentes defensas.

Los nuevos acusados fueron identificados como César Alberto Royo, Aldo Luis Aparicio y sus hijos Tomás y Simón. Estas personas se suman a a los ya imputados Juan Berruezo, Jonatán Manuel Garzón, los hermanos Gustavo Carlos y José María Segovia, Sergio Humberto Salum, Rodrigo Martín Guillermo Coronel y Víctor Nicolás Farfán.

Se debe recordar que Berruezo y Garzón fueron detenidos el 4 de febrero pasado y fueron imputados tres días después. El primero es administrador e hijo del dueño de la finca donde se había montado la plantación de marihuana, ubicada en la zona norte de Salta, casi en el límite con Jujuy. El segundo, en tanto, cumplía tareas como cuidador.

Todos los acusados, según la hipótesis de la fiscalía, conformaron una asociación delictiva que tenía como objeto la plantación de marihuana para su posterior comercialización. En efecto, en la finca de Berruezo se hallaron 2.400 plantas, 7.200 plantines dispuestos para su cultivo y otros 1.008 en germinación.

En el lugar se secuestraron, además, 305 gramos de semillas, 71 kilos de cogollo y numerosos elementos destinados a la siembra, cultivo y procesamiento de la droga. 

Al referirse a los nuevos imputados, la auxiliar fiscal señaló que su identificación provino de los mensajes y chats extraídos. Dijo que de estas evidencias surgía de manera reiterada la alusión de una persona a la que llamaban “plátano”.

“De las tareas de gabinete y de campo, tanto por parte del equipo del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas intervinientes, como personal del Escuadrón 53, de la Gendarmería nacional y del GOC NOA [Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noroeste Argentino], se pudo establecer que Aldo Aparicio era la persona referida como plátano”, explicó luego.

Embargaron preventivamente la finca donde encontraron más de 10 mil plantas de marihuana

Por su parte, Aparicio era la persona encargada de buscar a los trabajadores rurales para llevarlos a la finca, y que les proveía comida, por lo que “su rol dentro de la organización era superior respecto a otros acusados”.

En vista de la envergadura del caso y teniendo en cuenta que se trata de la plantación de marihuana más grande del país descubierta, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de Aldo Aparicio y requirió que esta medida, que también recae sobre Berruezo, Salum, Farfán y Garzón, se extienda por cincuenta días más.

Las defensas de los cincos acusados detenidos interpusieron una serie de planteos, como declaraciones de ilegalidad y nulidades, tanto sobre los allanamientos, peritajes, el secuestro de teléfonos y chips y las intervenciones telefónicas de sus defendidos, fundadas en la supuesta ausencia de autorización judicial.

Los pedidos, sin embargo, no prosperaron. Al rebatirlos, la auxiliar fiscal Gamba Cremaschi repasó cada una de las diligencias cuestionadas, indicó la existencia de constancias de la respectiva autorización y control judicial por parte de los jueces intervinientes.

La postura de la fiscalía fue respaldada por la jueza Giménez, quien intervino en la mayoría de las diligencias cuestionadas. La magistrada acompañó también los argumentos referidos al riesgo de fuga, entorpecimiento, expectativa de pena y agregó el compromiso de investigar a fondo estos hechos, según se desprende de los tratados internacionales asumidos por el Estado argentino.

En vista de ello, la jueza desechó las impugnaciones, declaró la legalidad de la detención de los cuatro imputados, dio por ampliado el objeto de la investigación penal, dictó la prisión preventiva de Aparicio, extendió el plazo de la de los otros acusados y, por último, autorizó los peritajes a llevarse a cabo sobre los teléfonos y dispositivos secuestrados a los nuevos acusados.