Méndez, cerca del banquillo: aseguran que solo falta una pericia contable

Justicia 19 de mayo de 2023
Raúl Méndez

En octubre del 2021, el ex intendente de Salvador Mazza Raúl Méndez fue noticia nacional. Esto se debe a que 18 propiedades, a su nombre, familiares y allegados fueron allanadas. Pese a que en un primer momento parecía que el juicio avanzaría rápido, casi dos años más tarde todo se frenó.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, explicó que la causa tiene un requerimiento de elevación a juicio pero falta una pericia contable.

De acuerdo a FMAries el funcionario reconoció que el proceso está requiriendo mucho trabajo contable y análisis criminal por parte de la Unidad Fiscal.

Se debe recordar que se creó una unidad especifica para avanzar y se asignó a la fiscal pena Ana Inés Salinas Odorisio, Unidad de Delitos Económicos Complejos, y al fiscal Pablo Cabot, Fiscalía Penal de Tartagal, porque se mezcló la actividad privada de Méndez con el manejo de recursos públicos.

Respecto a la aparente demora en la causa, Castiella señaló que los acusados tienen defensas y presentan diferentes recursos. 

garcia castiella

“Hay en esa causa una gran cantidad de dinero secuestrado entre otros objetos, 60 millones de pesos y 800 mil dólares secuestrados a plazo fijo”, precisó.

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre de 2021 contra el entonces Intendente de Salvador Mazza, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.


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En los operativos se secuestro U$S854.178, EUR 9070 y $34.342.350 de dinero en efectivo. Además de dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentos y un arma con municiones.

El exintendente fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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