Juicio a ex funcionarios del PAMI y ANSES: La evidencia de la fiscalía, complica a los acusados

Desde hoy, el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Gabriela Elisa Catalano, Domingo Batule (presidente) y Abelardo Jorge Basbus, lleva adelante el juicio seguido contra la ex directora del PAMI, Verónica Molina por los delitos de exacciones ilegales y malversación de caudales públicos, en grado de autor.

También son juzgados otros dos empleados de ese organismo, Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, acusados de malversación de caudales públicos, en grado de coautores. El requerimiento de juicio también alcanza a Marcos Vera, un ex asesor de la ANSeS imputado por exacciones ilegales, en calidad de autor.

La lista de acusados se completa con Fernando Ruarte, un ex concejal que deberá responder por el delito de malversación de caudales público, en calidad de partícipe necesario. En todos los casos, la acusación surge del requerimiento de juicio impulsado por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, desde la formalización del caso, el 22 de octubre de 2021.

En su alegato de apertura, el fiscal Toranzos, responsable del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, repasó la acusación, la que tiene como eje central la exigencia que pesaba en jefes de distintas agencias que posee el PAMI en localidades del interior de la provincia, la que consistía en el pago del 20 % del sueldo, en concepto de aportes a la organización política de La Cámpora.

De la investigación realizada -según sostuvo- se pudo establecer que ese dinero se acreditaba mediante transferencias, en algunos casos, y en otros se hacía a través del sistema de bolsín, de comunicación interna de ese organismo.

Señaló como los principales responsables de esta maniobra y receptores de esos pagos a Molina y Vera, quienes eran directores de la sede Salta de PAMI y ANSeS respectivamente, los que también fungen como representantes de La Cámpora en la provincia.

Afirmó que esta “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, la que corría riesgo en caso de incumplimiento. Entre las pruebas mencionadas, tanto de orden documental como testimonial, adelantó que la fiscalía presentará evidencias concretas, tales como capturas de mensajes, audios y documentación bancaria respecto al dinero recaudado.

También se refirió al uso irregular del sistema de bolsín, el que se aplicaba para recibir el pago de los jefes de agencias designados en localidades lejanas. Todo ello, en el marco de una modalidad impuesta y aceitada que salió a luz por una denuncia anónima y la declaración de dos gerentes que confirmaron la hipótesis delictiva.

Uso electoral

Respecto a la entrega irregular de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI por la Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de que sean distribuido entre los afiliados de extrema vulnerabilidad, el fiscal -asistido por la auxiliar Virginia Wierna y Andrea Espinoza- se refirió al rol de cada uno de los acusados.

Indicó que los imputados, incluido Ruarte, desviaron el destino de estos bienes, los que terminaron siendo funcionales a la campaña política que, casualmente, tenía el entonces concejal, quien buscaba su reelección por el partido de La Victoria, en la capital salteña, lo que llevó a la fiscalía a imputarle a todos los acusados el delito de malversación de caudales públicos.

Las defensas, por su parte, rechazaron las imputaciones y se limitaron a poner en duda la dirección imprimida a la investigación por parte de la fiscalía. A su vez, cuestionaron el tratamiento periodístico del caso e insistieron en el estado de inocencia que gozan sus defendidos.

Este acento se advirtió con mayor fervor al momento en que Ruarte prestó declaración. El ex concejal se declaró inocente, hizo una descripción detallada de su trayectoria política y también como músico y artista, para luego atacar a la fiscalía por la investigación que lo condujo al banquillo de los acusados, algo que, después de varias reiteraciones, recién fue advertido por el tribunal a fin de que se limite a realizar su descargo con respeto a las partes.

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Por otra parte, sin embargo, Ruarte cargó contra los medios que replicaron un posteo que había subido a las redes sociales con la entrega de bienes del PAMI, publicación que derivó en la investigación penal. Atacó la cobertura dada al caso por los distintos sitios informativos, en especial la cadena nacional de noticias TN.

Adjudicó la acusación penal a una persecución política y criticó a la fiscalía por el dispendio de recursos realizado por el Estado en la causa que lo llevó a juicio, lo que no se justifica por la entrega de unas “pavitas” eléctricas las que se entregaron en el marco de un acto oficial del PAMI, al cual fue en calidad de invitado.

Ante el interrogatorio de la fiscalía, Ruarte se mostró confuso respecto a si la difusión del posteo y el inicio de la investigación penal motivo su derrota en la contienda electoral, el 15 de agosto del 2021, mientras que la formalización de la acusación en su contra se hizo el 6 de abril de 2022.

A medidas que las preguntas se profundizaron respecto al uso electoral de la entrega de los electrodomésticos, Ruarte tomó distancia y reiteró que en todos los casos fue invitado e incluso señaló a Albornoz y Gerónimo, como los nexos en los preparativos de los actos.

Posteriormente, y ante la reiteración de preguntas dirigidas a especificar su rol en esos actos, el acusado se negó a contestar para luego dar por concluido su descargo, momento expresó un “viva” por la ex vicepresidenta, Cristina Fernández.

Testimoniales 

Posteriormente, la fiscalía citó a dos periodistas locales, Gabriela Hernández, de un semanario local (Cuarto Poder), quien se refirió a dos artículos escritos sobre el pago irregular de aportes que se hacían en el PAMI y que eran dirigidos a Vera y Molina, dinero que era exigido por La Cámpora.

La testigo explicó cómo reunió la información, siendo su fuente principal Emilia Fabiana Juárez y Viviana Fernández, quienes dieron a conocer la exigencia de estos pagos en una audiencia de juicio seguida contra ambas por el cobro indebido del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).

La periodista ratificó que ambas mujeres, quienes dirigían las agencias del PAMI de El Carril y Orán respectivamente, reconocieron esta modalidad de pago. En la misma línea, declaró también Silvia Noviasky, del diario El Tribuno, quien abordó el mismo tema.

En su caso, la profesional reconoció haber realizado una investigación una vez que salió a luz la información de los pagos de aportes, situación que, según afirmó, le fue confirmada por empleados de ese organismo, como así también la entrega irregular de los electrodomésticos.

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En último término, se llamó a declarar a Fernández, ex gerenta de la agencia de Orán. La testigo, cabe señalar, resultó condenada a tres años de prisión por el delito de defraudación a la Administración Pública, sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 el 6 de agosto de 2021.

Al ser interrogada sobre las manifestaciones realizadas en ese debate, en las que expuso la exigencia de pagos por parte de Molina y Vera, la testigo cambió de postura y señaló que “en la oportunidad que realizó esos dichos, no entendía cómo se solventaba la tarea social”, en esos momentos realizada por La Cámpora.

Agregó que sus declaraciones fueron producto del enojo, tras lo cual incurrió en una serie de contradicciones, lo que motivo un debate entre la fiscalía y las defensas respecto a la utilización de material probatorio en el que la testigo dijo lo contrario.

Ante ello, el presidente del tribunal suspendió el testimonio y se abocó a tratar las diferencias entre las partes. Luego, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, instancias en que se reanudará la testimonial de Fernández, para luego seguir con la de Juárez.

Sobre las contradicciones incurridas, el fiscal señaló necesario exponer todo el material probatorio reunido, a la vez que no descartó la posibilidad de avanzar con una nueva investigación penal contra Fernández, esta vez por el delito de falso testimonio.