



Desde el Poder Ejecutivo, se ordenó el despido de funcionarios de la Procuración del Tesoro tras detectar presuntas filtraciones y venta de información interna vinculada al juicio internacional contra Burford Capital por la estatización de YPF.
Los trabajadores habrían vulnerado y filtrado información sobre la estrategia jurídica del Estado argentino en un litigio considerado clave por el Gobierno.
“Creemos que hubo venta de información”, señaló una fuente calificada del Ejecutivo, en medio de un fuerte hermetismo sobre cómo se descubrieron las maniobras. En los despachos oficiales se habla de una reforma estructural interna en el organismo que representa jurídicamente al Estado nacional.
El dato surgió después que la Procuración detectara filtración de datos sensibles vinculados a causas judiciales en curso, que no habían sido autorizados por los altos mandos y que podrían comprometer la posición de la Argentina ante los tribunales internacionales.
El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, designado por sugerencia del entorno de Santiago Caputo, avanzará con la disolución de varias áreas internas del organismo. La decisión se vincula directamente con la filtración de información en causas estratégicas, en especial la que enfrenta al país con los fondos litigantes en la Corte de Apelaciones de Nueva York.









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