En plena pandemia, Bolsonaro intentó privatizar por decreto todo el sistema de salud

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo que revocar, apenas unas horas después de haberlo firmado, un decreto que abría las puertas a la privatización de las salas de primeros auxilios del sistema público de salud.

La polémica medida en medio de una pandemia que tiene a Brasil como el segundo país con mayor cantidad de muertos por coronavirus Covid-19 generó un fuerte y generalizado repudio social así como de todo el arco político, especialistas y constitucionalistas que lo obligó a dar marcha atrás menos de 24 horas después de su entrada en vigencia.

"El decreto ya fue revocado", anunció Bolsonaro en las redes sociales ayer por la noche, luego de enfrentar resistencias entre sus aliados sobre la forma en que se quería instalar una privatización en las unidades básicas de salud del sistema público, garantizado en la Constitución de 1988.

"El Sistema Único de Salud (SUS) y su falsa privatización; tenemos actualmente más de 4.000 salas de atención primaria con obras sin terminar, faltan recursos y el espíritu del decreto ya revocado era terminar esas obras y darles a los usuarios la posiblidad de usar la red privada con la consulta paga por el gobierno federal", se excusó Bolsonaro.

El decreto original, firmado anoche por el mandatario, había sido interpretado como una señal al mercado financiero frente a la devaluación del real (43% en lo que va del año), la caída de 48% de la inversión extranjera directa respecto de 2019 y la falta de articulación política para poder ejecutar el plan de privatizaciones prometido en la campaña electoral.

La norma revocada colocaba al SUS dentro del Programa de Proyectos de Inversión (PPI), el plan de privatizaciones del Gobierno que quedó trunco este año por la pandemia y la falta de apoyo masivo en el Congreso, incluso de la base bolsonarista.

"No se trata de delegar al privado las funciones del Estado, sino de mejorar la prestación de servicios", decía el decreto.

El SUS atiende a 75% de la población brasileña, ya que el resto posee seguros privados de salud. En Brasil, a diferencia de la Argentina, no existen las obras sociales médicas de sindicatos.

La decisión de revocar el decreto debilitó más al programa de ajuste del ministro de Economía, Paulo Guedes, un ultraliberal de la escuela económica de Chicago que trabajó para la dictadura chilena de Augusto Pinochet, a la que pone de ejemplo de modelo a seguir para Brasil.

Guedes se quejó recientemente de los "acuerdos políticos" para mantener su gobernabilidad que le impiden llevar adelante su plan de privatizaciones, razón por la cual cuatro funcionarios renunciaron entre agosto y septiembre de su equipo de trabajo.

Dos empresas públicas gigantes como Eletropaulo y Correios, las más grandes eléctrica y postal de América latina, respectivamente, están en la fila para ser privatizadas, aunque la nueva composición del gobierno de Bolsonaro, con apoyo de la derecha tradicional en el Congreso, carece de consenso sobre el tema.

El decreto privatizador de la salud se conoció luego del incendio que mató a tres personas internadas por coronavirus Covid-19 en el hospital federal de Bonsucesso, en Río de Janeiro, cuya administración depende del Ministerio de Salud y que no había cumplido los requisitos para tener un protocolo contra incendios.

La iniciativa fue fustigada por entidades médicas que apuntan contra la intención de "destruir" el sistema público de salud sin necesidad de reformar la Constitución.

"Si bien se habla de proyectos piloto, todo se inicia así, es la puerta abierta para la destrucción del sistema único de salud. Preocupa que no se haya consultado a las entidades", dijo el presidente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), Gulnar Azevedo.

El sistema único de salud brasileño es financiado por el Gobierno federal y ejecutado por municipios y gobernaciones y fue creado en la Constitución de 1988 tras la dictadura militar (1964-1985), en base al modelo sanitario público británico.

Los secretarios de Salud de los estados, oficialistas y opositores, fustigaron la iniciativa original.