Por orden de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, se ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital, beneficiario del fallo en el que se juzgo la expropiación de las acciones de la empresa durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012, en un plazo de 14 días a partir de la fecha.
Con esta decisión, la jueza no sólo aceptó el reclamo de fondos de inversión, sino que como último movimiento rechazó la apelación del gobierno argentino que había solicitado que se reviertan las sentencias en su totalidad por estar fundadas en errores de derecho argentino y bajo la premisa de que una corte de los Estados Unidos debió abstenerse de ejercer jurisdicción sobre casos fundados íntegramente en derecho argentino.
El fondo buitre Burford Capital le compró a Eton Park y Petersen Energía, que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Tras conocerse la decisión de la justicia estadounidense, las acciones de YPF se derumbaron tanto en Argentina como en EE.UU.
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