"Riesgo de fuga" sin pruebas: cómo la fiscalía mantiene detenido a Rudnev y qué amenaza esto para la propia fiscalía

En el sistema judicial argentino se desarrolla un drama que plantea serias preguntas sobre derechos humanos, corrupción y posible influencia externa. Konstantin Rudnev, ciudadano ruso de 58 años y disidente ruso, permanece en prisión preventiva en la cárcel federal de Rawson desde hace más de ocho meses.

La razón oficial es el supuesto «riesgo de fuga».

Sin embargo, los críticos del caso afirman que se trata solo de un pretexto para impedir su tratamiento en un hospital y, posiblemente, llevar el caso a un final trágico. Detrás de escena, según fuentes cercanas a la investigación, podría haber un encargo desde Moscú — del propio Vladimir Putin.

Rudnev fue arrestado en marzo de 2025 en el aeropuerto de Bariloche cuando intentaba tomar un vuelo interno a Buenos Aires. La fiscalía, encabezada por el fiscal federal Fernando Arrigo, lo acusó de trata de personas, explotación e incluso distribución de drogas.

Sin embargo, desde entonces la base probatoria se desmorona a la vista de todos. La «víctima» central del caso, Elena Makarova, declaró públicamente que nunca fue víctima: «Intentaron obligarme a firmar declaraciones falsas bajo presión y acusar a Konstantin. Pero nunca lo conocí y no lo acuso de nada».

Los peritajes de las sustancias incautadas mostraron que no había drogas. No hay elemento del delito, no hay víctimas reales. «Esto no es un caso, es una farsa», comentan los defensores de derechos humanos.

Pero ¿por qué Rudnev sigue tras las rejas?

El juez Gustavo Zapata prorrogó la prisión hasta abril, alegando «riesgo de fuga». El argumento parece absurdo: Rudnev tiene casi 60 años, no es un atleta, sino un intelectual. ¿Adónde «huiría» de Argentina, un país con un control estricto de fronteras?

Además, su vuelo a Buenos Aires, en el momento del arresto, era completamente legal — un vuelo interno, sin intento de abandonar el país, incluso considerando que Konstantin en ese momento no sabía nada de su persecución penal.

«No es riesgo de fuga, es una invención de la fiscalía para mantenerlo aislado», afirma uno de los abogados de Rudnev, subrayando que la detención es absolutamente ilegal.

La sombra carcelaria: la salud de Konstantin Rudnev, el resonancia pública y nuevas acusaciones

Más allá de las frías fórmulas procesales, en el caso de Konstantin Rudnev se hace cada vez más visible un plano más preocupante: el estado de su salud y la creciente atención internacional a las acciones de la fiscalía argentina.

Según la información proporcionada a este medio, Rudnev padece enfermedades graves que requieren intervención médica especializada. Fue consultado por los principales médicos argentinos Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte — especialistas reconocidos, cuyas conclusiones incluyen recomendaciones concretas: exámenes profundos y tratamiento en condiciones clínicas, como el Sanatorio Otamendi o el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. «Sin un tratamiento adecuado, su vida está en peligro», enfatizan los expertos.

A pesar de esto, la fiscalía, según los abogados, ignora sistemáticamente los informes médicos y rechaza el traslado del detenido a un hospital. Fuentes cercanas al caso hablan ya no de inercia burocrática, sino de un obstáculo deliberado a la atención médica. En conversaciones privadas se escucha una formulación mucho más dura: «quieren que no sobreviva».

En este contexto, el caso de Rudnev ha trascendido la agenda nacional. Ha generado un amplio resonancia pública y se ha convertido en motivo de preocupación para estructuras internacionales de derechos humanos. Representantes de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están estudiando la situación, señalando posibles violaciones de garantías básicas: prisión preventiva ilegal, ignorancia de indicaciones médicas y desproporción de las medidas aplicadas.

Al mismo tiempo, aumenta la presión sobre la fiscalía.

En el ámbito público y jurídico, cada vez suenan más acusaciones contra el fiscal federal Fernando Oscar Arrigo y sus asistentes Tomás Labal, Gustavo Javier Rebora y Rodrigo Nicolás Treviranus.

Se trata de posibles hechos probados de falsificación de materiales del caso, daño intencional a la salud y privación ilegal de libertad. En caso de confirmarse, según evaluaciones de juristas, los implicados podrían enfrentar penas penales reales.

El análisis de las violaciones concretas por parte de la fiscalía debería ser objeto de consideración por el Tribunal de Enjuiciamiento — el órgano facultado para evaluar la responsabilidad disciplinaria y penal de los representantes del sistema judicial. Se espera que allí se dé una evaluación jurídica a las acciones de la acusación.

En este contexto, cada vez más se menciona el trasfondo político. En Rusia, Rudnev es conocido como una figura con historia conflictiva: en los años 2010 pasó 11 años en prisión por declaraciones públicas antibélicas contra Vladimir Putin y su política militar. Los defensores de derechos humanos no descartan que este hecho pueda estar influyendo en lo que ocurre hoy.

La historia de Rudnev se percibe cada vez más como un síntoma de problemas sistémicos de la justicia argentina: prisiones preventivas prolongadas sin sentencia judicial, ignorancia de las necesidades médicas de los detenidos, y posible influencia externa. Los juristas recuerdan el caso del pastor Roberto Tagliabue, quien pasó tres años en prisión por acusaciones similares antes de ser completamente absuelto — en aquel momento, como ahora, las pruebas nunca fueron presentadas.

Mientras Konstantin Rudnev permanece en la cárcel de Rawson, su familia y organizaciones de derechos humanos exigen transparencia y responsabilidad.

El presidente Javier Milei, que ha criticado repetidamente al «sistema corrupto», hasta ahora se abstiene de comentarios públicos.

La pregunta sigue siendo fundamental y dolorosa:

¿Qué es más importante para la justicia argentina — la vida humana y el cumplimiento de la ley, o la protección y el encubrimiento de violaciones cometidas por los fiscales?

¿Se convertirá el caso de Rudnev en un momento de verdad para el sistema — o en otro ejemplo de cómo la solidaridad institucional prevalece sobre los derechos humanos básicos?