El juicio contra Nelson Cositorto y sus socios en Salta entró en su etapa final. Tras semanas de audiencias y más de un centenar de testimonios, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio pidió 14 años de prisión efectiva para el líder de Generación Zoe y penas de entre 8 y 3 años y medio para los cuatro miembros de la sede que operaba en la capital salteña.
Según detalló la fiscalía, el perjuicio ocasionado a los inversores locales asciende a 776 millones de pesos, aunque el daño real va mucho más allá del dinero: cientos de personas perdieron sus ahorros, sus planes de vida y hasta vínculos familiares, al verse involucradas en la promoción de un esquema fraudulento.
En su alegato, Salinas Odorisio remarcó que la oficina de Salta siguió captando dinero incluso en febrero de 2022, cuando Cositorto ya estaba prófugo y Generación Zoe había sido denunciada en Córdoba y otras provincias. Durante ese período se llegaron a recaudar al menos 180 mil dólares.
“Muchos confiaron porque los invitaron personas cercanas, en espacios religiosos o afectivos. Se rompieron familias, amistades, comunidades enteras”, señaló la fiscal, al describir el daño emocional que provocó el engaño.
La estructura del fraude incluía una plataforma virtual que simulaba movimientos de criptoactivos y rendimientos ficticios. “Era una ilusión óptica”, explicó la fiscal. La supuesta app no permitía retiros, ni mostraba operaciones reales, y desapareció de la web en cuanto comenzaron las denuncias.
Tampoco Zoe Cash, la criptomoneda promocionada por Cositorto, cumplía lo prometido: nunca estuvo respaldada por oro ni litio, y jamás alcanzó el valor de mercado que se publicitaba. La llamada “Universidad del Trading”, por su parte, era un nombre de fantasía sin ningún respaldo legal ni educativo. Todo formaba parte de una estrategia de manipulación emocional y financiera basada en la lógica clásica de una estafa piramidal.
En Salta, el andamiaje fue sostenido por los hermanos Ricardo, Jorge y Ana Vilardel, junto a Vilma Griselda Albornoz, quienes organizaron eventos, promocionaron cursos y alentaron nuevas inversiones, incluso cuando sabían que el sistema se había desplomado. “Esta causa es el ejemplo de cómo una estafa no solo vacía bolsillos, sino que arrasa con la confianza, la estabilidad emocional y los lazos sociales”, expresó Salinas Odorisio.
El tribunal está integrado por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans. Se espera que los alegatos continúen esta tarde y que el veredicto se conozca este viernes. La fiscal también solicitó que todos los imputados permanezcan detenidos hasta que la sentencia quede firme.
Para las víctimas, sin embargo, el juicio es apenas un primer paso. La mayoría aún intenta reconstruir sus vidas, recuperar la autoestima y volver a confiar, tras haber sido atrapadas en una de las estafas más impactantes que se recuerden en Salta.
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