Estafa al PAMI: Podría haber más involucrados en el millonario fraude

El jueves de la semana pasada la Fiscalía Número 1, a cargo de Ricardo Toranzos, destapó un negociado que podría terminar en un escándalo aún mayor. Hasta ahora se investiga una supuesta defraudación al PAMI por unos tres millones de pesos por facturación de prácticas a fallecidos o sobrevaluación de las tarifas. La demanda incluye a seis profesionales de la salud (dos médicos y cuatro bioquímicos), pero podría haber más involucrados y el monto de la estafa, ser superior.

El fiscal Toranzos, en diálogo con El Tribuno, explicó que esta causa corresponde solamente a un año de muestreo a cuatro bioquímicos realizado en 2016. "Se está analizando si esta práctica se realizaba hace tres años y con otros profesionales también. Así que el monto de defraudación podría ser más escandaloso todavía", declaró.

 

El funcionario agregó: "Para ver si hay más personas involucradas necesitamos el informe del PAMI Central. Nosotros le mandamos a preguntar si esta operatoria se repitió en otras situaciones. Entonces, ellos nos van a decir si se repitió... si se cobró o se facturó tanto en tales situaciones".

A partir de esa información, la Fiscalía tendrá que revisar qué personas intervinieron. Entonces se sabrá si puede haber otros profesionales involucrados. "O sea que de la pericia pueden surgir nuevos imputados", destacó Toranzos.

Ayer el fiscal pidió al juez de la causa que PAMI Central envíe auditores especialistas para analizar el material secuestrado la semana pasada. "Los allanamientos terminaron el jueves a última hora. Recién hoy (por ayer) está ingresando la documentación secuestrada. A partir de ahí, lo que se va a hacer es pedirle al juez que nombre a un perito para realizar un análisis médico y económico de toda la documentación", explicó Toranzos.

El fiscal detalló que la pericia consiste en analizar el proceso de las prácticas que se facturaron, la actuación de quienes intervinieron y si los afiliados beneficiarios firmaron por esas atenciones.

"Tiene que venir un médico que sepa si la práctica se pudo hacer. A la vez, tienen que venir con un conocimiento médico que permita saber si se cobró lo que correspondía o se sobrefacturó", acotó el fiscal.

Asesores

Toranzos explicó que las personas que se designen tendrán la figura de "asesores o auxiliares de la Justicia e informarán al juez y el fiscal sobre todo el procedimiento para el cobro de una práctica bioquímica".

Las hipótesis sobre las que trabaja la Fiscalía son que se facturaban estudios bioquímicos a afiliados fallecidos y otras prácticas inexistentes y se sobrefacturaban las intervenciones. "Si en principio se facturó algo inexistente, también pueden surgir nuevos delitos como la falsificación de la firma del médico que prescribió o falsificación de la firma del jubilado que supuestamente firmó en conformidad y dio por recibida la práctica", especificó el fiscal.

Entonces, las pericias van a determinar concretamente si hubo otros delitos. Paralelamente a la investigación que está en curso, la Fiscalía lleva adelante todo el proceso para la indagatoria a los investigados.

"Ya hay hechos acreditados con nombre y apellido, identificados e individualizados. Entonces se los va a indagar sobre esos hechos y cuando avance la pericia se los va a indagar sobre los hechos posteriores", detalló Toranzos.

Desde la Fiscalía confirmaron que los profesionales sospechados de fraude son los doctores Augusto Saúl Sasso y Víctor Canelada y los bioquímicos Enrique Bardi, Silvina Díaz, Osvaldo Miranda y María Elena Almendros.

"Las personas involucradas van a ser llamadas a indagatoria pero falta determinar si el juez espera el informe del PAMI central o si los llama directamente por los hechos que ya están individualizados", informó. Y agregó: "Mucha de esa documentación que no se haya encontrado en el allanamiento queda resguardada en la dependencia del PAMI Central, entonces ya se habilitó a las fuerzas de seguridad para que se constituyan allá".