Venta de plasma: “Hay que ver de dónde surgen estos valores que quieren aplicarse”

Justicia 01 de octubre de 2020
Lo señaló el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien investiga al centro privado HemoSalta de Martín De la Arena, por cobros en la transfusión del plasma. Indicó que la ley prevé penas que rondan los 6 años de prisión e inhabilitación.
Ramiro Ramos Osorio
Ramiro Ramos Osorio

Avanzan las instancias preliminares para investigar la supuesta venta de plasma en Salta. Luego de que trascendieran las notificaciones con la firma del centro privado Hemosalta, en las que se pretendían altas remuneraciones por acceder al tratamiento de plasma, la Dra. Mónica Poma inició actuaciones al respecto.

Cabe señalar que las mismas recayeron en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y correspondía que fuera el Fiscal Leandro Flores quien avance en la investigación, sin embargo, su estado de salud no le permitió hacerse cargo de la causa, que pasó a manos del Dr. Ramiro Ramos Ossorio.

Al respecto y en diálogo con FM Profesional, el fiscal Ramos Ossorio comentó cómo seguirá adelante la investigación enumerando en primer lugar las penas que puedan aplicarse en el caso: “La ley 22.990 prevé una pena que va hasta los 6 años de prisión y que tiene una pena de inhabilitación con posibilidad accesoria en caso de que se trate de un funcionario u organismo público donde se haya ejecutado este tipo de conducta”.

donacion de plasma

A esto sumó que “a su vez estamos analizando si (la causa) puede enmarcarse dentro de algún tipo de defraudación en perjuicio del Estado y que tiene una pena similar hasta los 6 años, también permite la imposición de una pena accesoria de inhabilitación”.


“La ley 22.990 prevé una pena que va hasta los 6 años de prisión y que tiene una pena de inhabilitación con posibilidad accesoria en caso de que se trate de un funcionario u organismo público donde se haya ejecutado este tipo de conducta”.



En cuanto a cómo proseguirán las actuaciones, el fiscal explicó que la investigación “tiende a aclarar el tema de orden público y que tomó estado público por el contexto de emergencia, por la exhibición de ciertos montos que obviamente no están al alcance de cualquiera y por la necesidad de quien pueda requerir este procedimiento”, en referencia al tratamiento con plasma.

Una aclaración que hizo Ramos Ossorio fue que tanto el plasma o la sangre “no se puede cuantificar, no tienen un valor en el mercado o un valor para cobrar” pero “sí puede llegar a cobrarse es el procedimiento que implica la obtención del material ya depurado, el procedimiento de aplicación, eso está nomenclado por obras sociales para ciertas patologías donde resulta consensuable este procedimiento”.

Por último, espetó que “se está hablando que se ha cobrado a particulares, lo llamativo podría ser que los insumos, los está aportando la provincia y esos insumos los estaría obteniendo una institución, en este caso el instituto de hemodinamia, si los adquiere el Estado y el plasma se obtiene de particulares habría que ver de dónde surgen estos valores que quieren aplicarse a la práctica”, concluyó.

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