A raíz de la información difundida en las últimas horas en torno a funcionarios y entidades que solicitaron la Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP) otorgada por Nación, la Universidad Católica de Salta aclaró su situación frente a tal beneficio.
Según informaron desde la casa de altos estudios, ante la caída drástica de los ingresos y la disminución del pago de las cuotas al inicio de la pandemia, la Universidad tomó la decisión de postularse para recibir la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que puso a disposición el Gobierno Nacional.
Tal como indica el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº332/20, este beneficio puede ser solicitado sólo por los empleadores (y no por los empleados) para el pago exclusivo de salarios y la decisión de su otorgamiento, monto, cantidad de personas alcanzadas y empleados a quiénes se les brinda la prestación es decisión exclusiva del Estado.
El ATP fue solicitado en abril de 2020 y tras su aprobación por parte de la AFIP se destinó para el pago de una parte de los sueldos correspondientes al mes de abril. UCASAL recibió por única vez este beneficio, así como lo hicieron la mayoría de las universidades privadas del país.
Cabe destacar que la Universidad tiene entre su cuerpo de docentes a profesionales prestigiosos de nuestra sociedad, muchos de los cuales ocupan cargos y roles en alguno de los tres poderes del estado y en los tres niveles, y muchos de ellos -que no lo solicitaron- tienen compuesto su salario de abril con esta ayuda que el Gobierno Nacional le otorgó a la Universidad.
En un año muy difícil, con un contexto adverso en lo social y en lo económico, la UCASAL decidió no modificar el valor de sus aranceles a lo largo del año; implementó un sistema de ayuda especial para aquellas familias gravemente afectadas por la pandemia; sostuvo las fuentes de trabajo; y mantuvo su servicio educativo; y ante la restricciones de presencialidad, incrementó su inversión para adecuar todo su sistema a plataformas virtuales.
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