Fernández anunció que junto a los gobernadores peronistas pedirá el juicio político al presidente de la Corte

En una carta publicada en las primeras horas del 2023, el presidente Alberto Fernández adelantó que pidió a los gobernadores provinciales que lo acompañen en un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, así como para investigar a los otros miembros del máximo tribunal.

Es luego de la pelea con la Corte por el fallo que obliga al Ejecutivo a restituir a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que le quitó en el año 2020, informa Clarín.

En el extenso texto, Alberto hace un repaso de la gestión económica de su gobierno en el año que terminó. También celebra el Mundial obtenido por la Selección de Lionel Scaloni. Sin embargo, a mitad de la carta comienza a apuntar contra el poder judicial.

"Hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia", apunta Alberto.

En ese sentido, el presidente sostiene que el Consejo de la Magistratura fue "manipulado con insólitas interpretaciones" que le permitieron al Poder Judicial "meterse en las decisiones" del Congreso Nacional.

Esta mención es por el fallo que anuló un decreto de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que había dado marcha atrás con los representantes de la cámara baja en el estratégico Consejo de la Magistratura.

"Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica", disparó.

"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal", adelantó Alberto.

También adelantó que le pidió al ministro de Justicia, Martín Soria, que presente denuncias penales contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para investigar si hubo actos de corrupción con empresas.

"Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad", cerró Alberto.

Desde el kirchnerismo duro venían presionando a Alberto para que vaya contra Rosatti y le pida el juicio político.

"Hay un conflicto de poderes, y esto se resuelve a través del juicio político a la Corte. Lo debe pedir el presidente y no hay nada que se lo prohíba. Existe en la actualidad una distorsión del sistema judicial y un vacío de derecho”, sostuvo hace unos días el ultra cristinista Leopoldo Moreau.

En este sentido, el ex radical consideró que el presidente debe intervenir porque el máximo tribunal tiene intenciones de "sustituir al Poder Ejecutivo" e "intenta gobernar" a través de sus fallos.

El proceso de juicio político es el método para desplazar las máximas autoridades del país, tales como el presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros del gabinete nacional y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Requiere la intervención de las dos cámaras del Congreso y mayorías especiales en ambas para poder llegar a una destitución. En los últimos veinte años, apenas cuatro funcionarios fueron removidos.

Es presentado ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, que usualmente suele archivar las presentaciones. En los últimos cinco años, por ejemplo, se hicieron casi 50 presentaciones y ninguna prosperó. Solo en 2022 Alberto recibió ocho denuncias.

En caso de ser aceptado el pedido, se inicia un sumario que puede incluir pedidos de pruebas tales como citaciones a testigos, o información a jueces. Luego la Comisión emite un dictamen que requiere la mitad más uno de los miembros presentes.

Luego el pedido pasa a la Cámara de Diputados, donde hace falta una mayoría de dos tercios para que se apruebe. Uno de los miembros de la cámara acutará de acusador ante el Senado.

La Cámara Alta, por su parte, es la que debe decidir con una mayoría de dos tercios de los presentes si aprueba o no la destitución. Es un proceso largo, complejo, y que requiere de consensos en el Congreso que hoy el kirchnerismo no tiene.

La última destitución ocurrió en 2005, cuando fue removido el juez Antonio Boggiano.