El defensor salteño Adolfo Sánchez Alegre fue elegido para presidir la Asociación de la Defensa Pública de la República Argentina

La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) renovó autoridades para el período 2024-2026 resultando electo el actual defensor público penal juvenil de Salta, Adolfo Sánchez Alegre.

El Dr. Sánchez Alegre viene aportando su trabajo y conocimiento en ADePRA desde hace años y en este caso logró el consenso de la asociación para presidir el organismo. De esta forma, María Lorena González Castro Feijóo, defensora de CABA, deja su cargo al nuevo presidente.

A través de una asamblea por Zoom de los integrantes y socios de ADePRA la asamblea de renovación de autoridades resolvió aprobar una lista de consenso para el período 2024/2026. La misma también cuenta con Alfredo Brouwer de Koning (Córdoba), como vicepresidente primero, María Paz Rodríguez Senese (Buenos Aires) como vicepresidente segunda, seguida por Vanessa Lucero (Tucumán) como vicepresidente tercero. 

Diego Stringa (CABA), Facundo Alejandro Barrio Martin (Río Negro), Silvina Paula Solís (CABA), Mariana Roncorini (Buenos Aires), Martín Cafure (Córdoba), Vanesa Solange Argüello (Salta), Claudia Soledad Ibáñez (San Luis), Myriam Elizabeth Bonetto (La Rioja), Lidia Noemí Galindo Blaha (Jujuy), Silvia Marcela Pesce (Chaco), Mariela Silvia López (San Juan), Ana Inés Pagliano (Córdoba), Bibiana Marys Birriel Moreira (CABA), Pamela Soledad Canales (Neuquén) y María Eugenia Díaz (Tierra del Fuego) completan la lista. 

Por su parte, el órgano de fiscalización quedó a cargo de Ana Carolina Sánchez (Mendoza), María Raquel Ponzinibbio (Buenos Aires) y Gladys Margarita Catalina López (Buenos Aires)

Por su parte, el Defensor General de la Provincia, Martín Diez Villa manifestó su acompañamiento a ADePRA y celebró la decisión de que un defensor salteño como Sánchez Alegre presida el organismo. 

“Desde la Defensoría General de la Provincia y desde que asumí en mi gestión, siempre he brindado un total y pleno apoyo a ADePRA y a quienes conducían dicho organismo. En este caso reafirmamos nuestra predisposición a trabajar en forma conjunta en pos de mejorar el servicio de defensa efectiva y eficaz como una herramienta para lograr objetivos comunes, teniendo como Norte los derechos de los más vulnerables y de los más necesitados”, manifestó Diez Villa, añadiendo:

“Celebro que un defensor público de la provincia de Salta, con intachables antecedentes como el doctor Adolfo Sánchez Alegre, esté al frente de dicho organismo, contando con el apoyo incondicional de la Defensa Pública salteña”.

Sobre Adolfo Sánchez Alegre

El nuevo presidente ingresó hace más de 18 años al Ministerio Público de la Defensa en la República Argentina, y hoy en la provincia de Salta se desempeña como Defensor Oficial Público Penal en el fuero penal juvenil.

Sánchez Alegre también se desempeña en el plano de la defensa pública internacional como Defensor Público Interamericano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2022. También es Docente Universitario de Postgrado en Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia.

Cuenta con más de 25 años de experiencia como abogado y profesor universitario en Ciencias Jurídicas, especializado en el campo de los derechos humanos, niñez y adolescencia, tanto en lo académico como en lo laboral.

Sobre ADePRA

ADePRA es una organización civil integrada por defensores públicos oficiales y demás funcionarios que coadyuvan a la prestación de un servicio de apoyo al ejercicio de los derechos de sectores de la comunidad en condiciones de vulnerabilidad, que capacita a sus miembros para un mejor desempeño profesional e institucional y gravita en la comunidad, como factor de cohesión social.

Entre sus misiones, esta Asociación defiende la plena vigencia de los Derechos Humanos y de las garantías reconocidas por los Acuerdos, Tratados e Instrumentos Internacionales, así como por las Constituciones y las Leyes internas vigentes; exige, difunde y promueve el servicio de la Defensa Pública como un derecho constitucional de los habitantes del país, como un deber y obligación impuestos por el Estado por mandato constitucional y legislación supranacional y como derecho inherente del Acceso a Justicia; y fomenta y promueve la formación, capacitación y perfeccionamiento profesional de los Defensores Públicos a fin de fortalecer su función como garantes del Acceso a justicia de los sectores más vulnerables.