El propio Javier Milei confirmó la semana pasada en sus redes sociales que vetará la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, la cual aumenta el presupuesto que se otorga a las casas de estudio. Sin embargo, en el oficialismo temen por la reacción que podría tener en las calles la decisión presidencial, y tomaron nota de las advertencias que los diputados de la oposición le hicieron.
El tema fue abordado en la mesa conformada por el Ejecutivo y los bloques aliados en la Cámara de Diputados, la cual se desarrolló el lunes en Casa Rosada. Allí concurrió, con una carpeta abultada, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación y de la provincia de Buenos Aires, quien puso al corriente al Gobierno sobre el impacto que ocasionaría una merma en el presupuesto.
En declaraciones posteriores al encuentro, el diputado explicó que “el veto al presupuesto universitario es complicado” y consideró que “hay que lograr un equilibrio entre el ahorro fiscal y atender las demandas razonables”. Según pudo saber Ámbito, el exministro sugirió al Gobierno una mesa de diálogo con los rectores de las universidades nacionales.
En las fuerzas del cielo responden que la decisión final es del Presidente. "Milei fue tajante con su plan de déficit cero en la presentación del Presupuesto", explicaron fuentes con despacho en Balcarce 50 a este medio. No obstante, las mismas fuentes aseguran que el oficialismo tomó nota del consejo. No es para menos: en el Ejecutivo todavía recuerdan la masiva movilización y paro del 23 de abril, cuando miles de personas salieron a las calles a reclamar por el crítico estado de las universidades.
Con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado sancionó la semana pasada la Ley de Financiamiento Universitario. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.
La medida generaría un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Como contrapartida, el Presupuesto 2025 presentado por Milei autoriza un gasto total para universidades nacionales de $3,8 billones y, en caso de ser aprobado, habilitaría un esquema de auditorías con el que el Ministerio de Capital Humano podría suspender las transferencias. Esto es cerca de la mitad de lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que las casas de estudio sigan funcionando, que es $7,2 billones.
A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el FONID.
Desde la oposición, impulsores de la iniciativa por el financiamiento universitario anticiparon que, ni bien salga a la luz el veto presidencial, van a convocar a una sesión especial para insistir en la ley, en paralelo a una nueva marcha universitaria nacional.
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