Noticia de esta semana fue que el Concejo Deliberante aprobó la creación de la Unidad de Administración de Mercados Municipales, que tendrá a su cargo la administración y regulación de los mercados y mercaditos municipales de la ciudad de Salta, evitando irregularidades y situaciones como las vividas en el mercado San Miguel.
Los alcances de esta nueva Unidad son claros: poner fin a la participación de la Fundación San Miguel y, con ella, a la influencia de José "Pepe" Muratore en la gestión de los mercados. Esto lo dejó en claro la concejal Agustina Álvarez en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde detalló el deterioro progresivo del Mercado San Miguel bajo la administración anterior, señalando la proliferación de puestos, la falta de higiene, las deficiencias en seguridad y salubridad, y el trágico incendio que sirvió como catalizador para el cambio.
"Lo que nosotros queríamos hacer era terminar con el ente que estaba administrando hasta la actualidad el Mercado San Miguel, porque justamente en este Ente participaba la Fundación San Miguel a través de la representación de "Pepe" Muratore, una persona que estuvo durante muchísimos años en el Mercado San Miguel, también manejando el resto de los mercados municipales, y sin embargo no vimos un avance, un progreso, incluso vimos cómo este Mercado San Miguel, poco a poco fue empeorando cada vez más", afirmó la edil.
La edil enfatizó que, tras el incendio del predio de abasto en noviembre, múltiples testimonios de trabajadores del mercado salieron a la luz, revelando la problemática gestión. La creación de esta Unidad busca eliminar el conflicto de intereses que existía al mezclarse la administración con los administrados, lo que, según Álvarez, dio lugar a "mafias, matufias, presiones y agresores". Además, hizo hincapié en la necesidad de que el Estado dé el ejemplo en el cumplimiento de las normativas.
"Lo que sucedía antes era que al mezclarse o haber conflicto de interés entre quien administraba y quien era el administrado, empezaban las mafias, las matufias, las presiones, los agresores. Y es algo que no puede pasar y menos en la municipalidad. Son instituciones municipales que deben ser controladas por la misma municipalidad", sentenció Álvarez.
Entre las irregularidades detectadas, la concejal mencionó diferencias significativas entre las recaudaciones del ente descentralizado anterior y las actuales de la municipalidad. También se investiga una obra de $80 millones realizada por la Fundación San Miguel, donde el presidente de la fundación era a su vez el titular del ente descentralizado, generando un claro conflicto de intereses. La concejal ha adelantado que realizará una presentación judicial para investigar estas y otras irregularidades, como la no aplicación del concurso público para la asignación de puestos.
"Aparentemente a Muratore le estaría costando mucho irse del mercado y soltar el curro que viene teniendo hace años", sostuvo la concejal, añadiendo que "hay muchísimas irregularidades por todos lados, ¿no? Desde cómo se otorgaron los puestos, a quién se otorgaron los puestos, por qué se otorgaron los puestos que se otorgaron, no se dio cumplimiento a la ordenanza 12.371, que era la que estaba vigente antes".
Además, denunció que Muratore sigue presionando a los puesteros, amenazándolos con quitarles sus puestos si no lo apoyan. La nueva ordenanza busca impedirle cualquier herramienta para volver a ingresar.
"Hay muchísimas irregularidades por todos lados, desde cómo otorgaron puestos, recaudaciones, obras por millones de pesos"
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