Ramos calificó de "perra mentira" las acusaciones en su contra

Trabajo y Solidaridad es la encargada de la limpieza y mantenimiento del Hospital San Bernardo y cuya dirigencia se atribuye al legislador.

El también titular del gremio de la sanidad ATSA, señaló que en las últimas semanas regularizaron el pago de los sueldos y los aportes atrasados, una de las cuestiones que señalan los trabajadores que protestan encadenados en el nosocomio.

Además calificó de "perra mentira" las acusaciones que se hacen en su contra y especialmente la referida a que los empleados cobran $3000, ya que según Ramos, los sueldos son superiores. Mientras el diputado hacía su descargo, afuera unas 200 personas identificadas como trabajadores de la fundación y afiliados de ATSA, le expresaban su apoyo. "Se tuvo que movilizar a la gente para defender sus puestos de trabajo, porque además estas personas están hartas de que el Partido Obrero se meta en los hospitales", expresó Ramos.

Además definió como "acoso" a los trabajadores lo que hace el PO y un sector de la CTA. "No puede ser que un diputado como Del Plá diga cualquier burrada en este recinto y en los medios, los trabajadores están hartos que los ataquen y persigan".

Por último, explicó que Maidana, el empleado que denunció haber sido expulsado por ser el vocero de los reclamos, "fue despedido de la fundación por haber conformado una empresa paralela con la que facturaba al hospital, y que era incompatible a las funciones que cumplía con la fundación".

"Jamás cuestionamos a los trabajadores"Claudio Del Plá aclaró que "jamás cuestionamos a los trabajadores, sino que por el contrario nos hicimos eco de sus denuncias".

Remarcó que el propio Ramos reconoció un atraso de sueldos y aportes. También insistió con que se pagan sueldos por debajo de lo que corresponde, como si fuese jornada reducida, "eso significa una diferencia de 2000 a 3500 pesos menos". Del Plá además anunció que Ramos se encuentra en desacato a la conciliación obligatoria al manifestar la voluntad de no retrotraer la situación laboral de los manifestantes, al mismo estado que estaba previo al conflicto. Por último, denunció que el Ejecutivo amplió los contratos, "a pesar de tener conocimiento de una auditoría con 50 objeciones suficientes como para que no se renueven".

Enumeró las más llamativas de las irregularidades detectadas, como que los mismos trabajadores limpian las instalaciones y sirven las comidas a pesar de no estar permitido. También que las multas impuestas a la fundación son de montos ridículos y por lo tanto, "las pagan y después vuelven a caer en las mismas faltas". "Ramos es un intermediario que se queda con la diferencia entre lo que paga el Gobierno a la Fundación y lo que ésta finalmente les abona a los empleados", concluyó Del Plá.

Fuente: Nuevo Diario de Salta