Allanaron el municipio de Aguaray por el robo de caños: “Nosotros no somos culpables de nada”

Así lo aseguró el intendente “Kike” Prado, luego que efectivos de Gendarmería Nacional allanaran el edificio municipal en busca de documentación. “Nos van a tener que salir a pedir disculpas la gente que nos acusó”, disparó.

Justicia12/05/2020
aguaray

En el marco de la denuncia realizada por la empresa Vertúa S.A en contra del intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, por el robo de 35 kilómetros de caños pertenecientes a la obra del gasoducto del NEA, efectivos de Gendarmería Nacional,según indicó El Tribuno, allanaron el edificio municipal en busca de documentación.

Al ser consultado por el operativo realizado por la fuerza federal, el intendente Jorge Prado, en un radio local, aseguró que se trató de un procedimiento ordenado por la fiscalía de Orán para determinar la responsabilidad del municipio en la causa. “Estoy contento que se haya hecho y que recaben la información necesaria para limpiar el nombre de la municipalidad y el mío”, sostuvo.

En la oportunidad, tomó distancia de la defraudación al Estado nacional, pese a que una resolución suya, dictada el pasado 23 de diciembre de 2019, se usó para burlar los controles camineros y sacar los caños acerados de 24 pulgadas de la provincia. “Nunca jamás me enriquecería o iría en desmedro de mi pueblo”.

Prado insistió en que el allanamiento ordenado en el marco de la investigación permitirá aclarar todo lo sucedido. “He hablado con el responsable del procedimiento, le he abierto la puerta municipal, y le he pedido que revisen todo lo que pueda, saquen fotos, y si se tiene que llevar computadores, libros, lo hagan”, sostuvo.

prado leavy

Por último, se mostró confiado en que la justicia desvinculará al municipio del caso. “Nosotros solamente tenemos las resoluciones, acá hay culpables y no están en Aguaray. Nosotros no somos culpables de nada. Nos van a tener que salir a pedir disculpas la gente que nos acusó”, finalizó.

El negocio

La justicia, según El Tribuno, constató que 262 tubos de 30 pulgadas, valuados en cerca de $170 millones, se vendieron a través de las redes sociales. En esa causa, que hoy tiene dos procesados y 15 imputados, las declaraciones permitieron localizar 80 de esos caños en fincas de Salta y Tucumán, donde los convirtieron en comederos para ganado y alcantarillas.

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