Irá a juicio una familia salteña por trata de personas: explotaba a mujeres de 18 a 25 años

El fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos acusó y pidió juicio para tres integrantes de una familia por el delito de captación de mujeres, en especial de 18 a 25 años, para ser explotadas sexualmente mediante un sistema de citas o “escort”. 

El juez federal de Revisión Santiago French, quien dirigió la audiencia de control de acusación celebrada el lunes y también resolvió otros planteos preliminares, hizo lugar a la acusación y dispuso la remisión del caso a juicio, luego de expedirse respecto al ofrecimiento de pruebas de las partes.

La investigación se inició el 22 de mayo de 2020 a partir de la denuncia realizada por dos mujeres, quienes aportaron datos de una cuenta en la red social Facebook, a través de la cual se ofrecía trabajo, pero solo se trataba de una fachada.

Al avanzar con las tareas investigativas, que incluyeron la utilización de un “agente revelador”, se pudo establecer que la oferta de trabajo era concretamente para los servicios de citas, cuyos valores oscilaban entre los 800 y 1.500 pesos, quedándose los acusados con el 50 % de las ganancias.

Tras reunir suficientes elementos probatorios, incluidas vigilancias y registros fílmicos, entre otros, la fiscalía solicitó el allanamiento de nueve inmuebles, uno en Córdoba y el resto en Salta, respecto de los cuales se estableció que seis estaban destinados a la explotación sexual.

Estas medidas se concretaron el 20 de julio de 2020, oportunidad en la que se rescataron siete víctimas y se secuestraron varios elementos de prueba, lo que llevó a la fiscalía a formalizar la imputación penal contra dos mujeres y un hombre, a los cuales luego se sumó otro implicado más.

Se trata de un hermano, quien fue imputado con prisión preventiva el 30 de en noviembre del año pasado por la misma calificación penal. La fiscalía llegó a él al seguir la ruta del dinero que movían los acusados, estimado en sumas que superaron el medio millón de pesos.

No obstante, el juez French hizo lugar al pedido de la defensora Poma, quien solicitó el sobreseimiento de una de las acusadas, basando su planteo en la condición de víctima de su defendida, ya que también realizaba servicios sexuales y pagaba el 50 % exigido por la principal imputada.