El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados recibió el testimonio de Diego Morales, quien se desempeña como Secretario en la Defensoría Oficial Civil 1 de Tartagal donde hasta abril pasado Rosa Fabiola Díaz ejerció funciones, hasta que fue suspendida tras el escándalo de las donaciones no entregadas a Wichís y las cuales habrían sido utilizadas para fines políticos.
Morales explicó a los miembros del Jury, en forma remota desde la ciudad de Tartagal, el funcionamiento de la defensoría mientras Díaz estaba al frente.
Particularmente se le peguntó si tenía conocimiento sobre la existencia de un armario al cual denominaban internamente “el cementerio” donde una vez suspendida en su cargo Díaz, el defensor multifuero de Embarcación Luis Gerardo Veliz, encontró carpetas sin tramitar.
Morales dijo que tal armario fue ordenado por la propia Defensora Oficial Civil Díaz durante una licencia suya. Estaba ubicado frente a su despacho y lo hizo porque la por entonces Defensora General de la Provincia María Inés Diez, iba a realizar una visita al Distrito.
Señaló que luego de ser suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la Defensora Oficial Díaz se presentó en su oficina y le pidió que sacara papeles de su despacho que estaba cerrado. Señaló que cuando ingresó y encontró los papeles que le pedía vio un boleto de compraventa de Jacoba Olarte, lo que le pareció sospechoso por lo que preguntó inmediatamente a Veliz quien le recomendó que expusiera tal situación a la Fiscalía Penal. “Allí me enteré que ella tenía prohibición de ingresar”, dijo Morales.
Señaló asimismo que no existía una estrategia para aquellas causas anteriores y atrasadas.
Mañana se escucharán los alegatos tras lo cual el jurado pasará a deliberar para dar a conocer su veredicto.
Contra la Defensora Oficial hay dos acusaciones.
El Defensor Oficial de la Provincia, Pedro García Castiella, le atribuye las causales de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
El Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo acusa a la Defensora Oficial Civil del Distrito Judicial Tartagal Rosa Fabiola Díaz, en los términos de los artículos 160 y 165 de la Constitución de la Provincia de Salta y 11 de la Ley 7138, imputándole la comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
Díaz está denunciada junto a Paola Alejandra Díaz (concejal del municipio Tartagal) por su hermana, Sandra Liliana Díaz por tener acopiado en el inmueble de propiedad de su madre fallecida (Blanca Zulema Hurtado) en villa Saavedra de la ciudad de Tartagal, donaciones efectuadas por fundaciones y organizaciones intermedias; las que, además de no ser entregadas a sus destinatarios (miembros de la comunidades wichi), eran comercializadas en distintos lugares de esa ciudad.
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