No son 201, sino 434 los empleados estatales investigados por cobrar plan Potenciar Trabajo

El listado difundido la semana pasada, en el que se escrachó es menos de la mitad de los empleados que están siendo investigados. La causa por fraude se trata, hasta ahora, del mayor caso registrado en Salta en materia de corrupción estatal.

Y es que ayer se conocieron más detalles de lo que se encamina a ser el mayor caso de fraude estatal en toda la historia judicial de Salta. Uno de los aspectos salientes, tiene que ver con la cantidad de empleados que están en la mira del fiscal federal Ricardo Toranzos, quien dirige la pesquisa en Salta, ya que los fondos afectados son de orden nacional.

Como se sabe, la semana pasada se filtró un listado de 201 empleados que habrían percibido el plan “Potenciar Trabajo”, siendo que tienen relación de dependencia en organismos de la administración pública de la Provincia, una causa por la cual no es compatible la asignación del beneficio económico de dicho plan, establecido en una suma mensual de 78 mil pesos.

Hasta ahí, el cálculo del perjuicio económico causado ascendía a la suma de 15.678.000 por mes, sin que hasta el momento la investigación haya determinado desde que fecha, los empleados incluidos en el listado viralizado comenzaron a cobrar dicho dinero, dato fundamental, pues el programa data de 2020.

Investigarán a los empleados públicos salteños que cobraron el Potenciar Trabajo

Si es que los empleados investigados comenzaron a cobrarlo desde esa fecha, el monto de 15.678.000 mensual debería ser multiplicado por tres años, lo que elevaría el perjuicio a poco más de 564 millones de pesos, una suma que salió del dinero de las arcas del Estado Nacional que, va de suyo, se conforman con el dinero que aportan todos los argentinos, en materia impositiva y a través de los fondos de la ANSES.

Si hasta aquí, el caso podría enervar a más de uno, el siguiente dato no es para nada menor, pues se supo que, en realidad, la fiscalía federal investiga la situación de 434 empleados, cifra compuesta por los 201 que ya fueron escrachados y los 233 restantes, los que se encuentran en un universo más complejo de desentrañar.

Se trata de agentes que estarían designados con funciones en distintos municipios, o bien, se trata de personal contratado por el gobierno, por ejemplo, un locador de servicios, quien, si bien no aparece como un empleado con relación directa con el estado provincia, sus ingresos provienen igualmente de la administración pública.

Esta nueva cifra, en definitiva, no hace más que agravar la cuenta anterior, pues ahora el perjuicio económico asciende a la suma de 33.852.000 millones de pesos, y si ese monto se multiplica por los 36 meses, desde 2020 al 2023, la suma supera los 1.200 millones, una suma sideral.

El perjuicio económico mensual asciende a la suma de 33.852.000 millones de pesos, y si ese monto se multiplica por  3 años supera los $1.200 millones.

Autoridad de aplicación

Otro dato saliente, en tanto, tiene que ver con la investigación misma, la que no sólo está dirigida a los 434 empleados, por el presunto delito de defraudación a la administración pública, sino también apunta a los responsables que, a sabiendas de que no correspondía el beneficio, igualmente lo dejaron pasar.

Para ello, los ojos estarán sobre los funcionarios que tuvieron intervención como autoridad u órgano de aplicación, tanto del orden nacional como provincial, pues el plan tuvo varias resoluciones que introdujeron modificaciones, ejemplo de ello, es la última decisión de pasar el manejo del plan al ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora, Ministerio de Capital Humano, el que generó las auditorías que, en los últimos días, dejó al descubierto no sólo estos pagos mellizos, sino también la distribución discrecional, por lo general, dirigida a beneficiar a “hijos y entenados”.

En el caso de estos responsables, el delito que le podría caber sería el de violación de deberes de funcionario público que, si bien la pena contemplada, al igual que el de defraudación, es mínima y excarcelable, lo que todos temen es la pena accesoria que inhabilita de por vida para el ejercicio de una función pública.