Diez trabajadores víctimas de la trata cobraron una reparación de 15 millones de pesos

En noviembre del 2023 se detectaron diez trabajadores rurales en el sur de la Provincia que eran explotados laboralmente, ahora se conoció que recibieron un millón y medio de pesos cada uno en concepto de reparación de daños. Esto se dió en el marco de un acuerdo de conciliación gestionado por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.

El acuerdo, cuyos pagos ya fueron cancelados por el imputado, se homologó el 5 de mayo por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio. Y del mismo, además, participaron el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial, en representación del imputado Ángel Gustavo Enríquez.

En la presentación del acuerdo de conciliación, uno de los institutos legales contemplados en el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para resolver los conflictos penales, el fiscal repaso que el hecho surgió de un operativo de inspección llevado a cabo el 9 de noviembre del 2023 en el sur de la provincia.

El mismo se realizó en la finca “Suri Blanco”, ubicada en la localidad de Joaquín V. González, por personal de la División de Fiscalización de Seguridad Social de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima, dependiente del gobierno provincial.

Es que los inspectores descubrieron a una decena de empleados rurales que realizaban tareas de desmonte. Además del alambrado perimetral, encontraron una casilla, tipo tráiler, con cuchetas y precarias condiciones de trabajo. Los obreros declararon que fueron contratados para las tareas por Enriquez y sobre sus condiciones de trabajo sostuvieron que no les proporcionaron ropa adecuada ni herramientas por lo que usaban las propias.

No se pudo constatar la provision de agua potable segura, ni condiciones de higiene apropiadas. Ante cualquier emergencia, los trabajadores informaron que tenían la orden de comunicarse con Enríquez, a fin de ser trasladados hasta Joaquín V. González. En contratante, según agregaron, era también el encargado de buscarlos desde la localidad vecina de Las Lajitas para llevarlos a la finca, donde permanecían por 15 días, cuando los iba a buscar para su retorno.

Asimismo, explicaron que el pago acordado por la tarea de desmonte era de 100.000 pesos por quincena, con un descuento de 30.000 pesos en concepto de alimentos, los que eran provisto por el mismo hombre que los trasladaba a la finca.

En vista de la situación de precariedad halladas y lo revelado por los obreros, es que intervino el Gabinete de Asistencia a la Víctima, en tanto, que la fiscalía inició las actuaciones preliminares del caso.

El fiscal Toranzos formalizó la imputación penal contra el empleador el 5 de noviembre del 2024, por trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, en grado de autor, delito que prevé una pena de entre 4 y 8 años de prisión.

"Hubo un gran esfuerzo de todas las partes en buscar una salida superadora, con una reparación del daño muy importante”, sostuvo Toranzos al explicar cómo se llegó al acuerdo, en este caso, de conciliación. 

Por su parte, el Defensor de Víctimas adhirió al acuerdo promovido desde el MPF, al señalar que se trata de una resolución “superadora” de la salida punitiva, pues se cumplen los dos requisitos básicos de estas herramientas. “Una es que no haya impunidad. Aquí, tenemos un monto a pagar bastante considerable y de cobro inmediato que evita un litigio más prolongado”, explicó.

Por otro lado, dijo que “no se convierte al sistema penal en un sistema de cobro de pesos, lo que se evita a través de una investigación diligente, como la que llevó adelante el MPF junto a esta defensoría y la participación de la defensa del imputado”.