¿Por qué se pelean el Gobierno y las automotrices?

El secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, defendió ayer la aplicación de multas por más de 1.000 millones de pesos en total a ocho terminales automotrices luego de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia determinó que las firmas incurrieron en "prácticas anticompetitivas" que perjudicaron a consumidores domiciliados en Tierra del Fuego.

Las multas aplicadas por la resolución 271, del viernes pasado, fueron por $ 150 millones a las automotrices Fiat; Ford; General Motors; PSA (Peugeot y Citroën); Renault y Volkswagen; mientras el castigo para Toyota fue por $ 104 millones y para Honda, por 56 millones, consignó ayer el diario La Nación
.
El castigo se aplicó por entender que las firmas acordaban mecanismos para vender automóviles en la isla con precios similares o superiores a los que rigen en el continente, "cuando Tierra del Fuego tiene una serie de desgravaciones impositivas, por lo que supone menores costos impositivos que deberían trasladarse al precio de los autos y a los consumidores", dijo Costa.

"Se encontró que los autos en Tierra del Fuego costaban igual o incluso más que en el continente, donde se pagan todos los impuestos", remarcó el secretario.
La isla tiene un régimen especial, fijado por la ley 19640, que establece que los autos cero kilómetro que se comercializan en ese territorio no pagan IVA, ni impuestos internos ni aranceles de importación, cuando hubiera, que en el continente llegan van del 54% al 76% del precio al público.

En declaraciones a radio América, Costa explicó que la causa se venía investigando en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, desde 2008, y que la semana pasada ese organismo dictaminó que "efectivamente hubo prácticas anticompetitivas que perjudicaron a los consumidores".

Las ocho automotrices multadas están analizando el caso con sus equipos legales y, según fuentes del sector a las que aludió este lunes El Cronista, apelarán la resolución por entender que carece de asidero o fundamento, y no descartaron llevar el caso a la Justicia.

Costa remarcó que las empresas están en su derecho de apelar la resolución, pero remarcó que durante el proceso de investigación en Defensa de la Competencia tuvieron una serie de instancias para presentar explicaciones y descargos, y dijo que fueron todos desestimados.

Sostuvo, además, que como el caso se remonta a 2008, no se aplica la nueva legislación de Defensa de la Competencia, que obligaría a las empresas a pagar primero las multas y después reclamar ante los fueros judiciales.

"Como rige el principio de la ley anterior, la empresa no tienen que pagar la multa y después hacer el reclamo. En este caso, un recurso en la Justicia tiene carácter suspensivo en el pago de las multas", sostuvo Costa. 

Fuente: La Nación