Las zonas más pobres de Salta sufrirán el recorte del 50% de las asignaciones familiares

El Gobierno elevó el piso y bajó el techo para acceder al cobro de las asignaciones familiares y eliminó los beneficios que en ese concepto alcanzaban a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas del norte. La medida salió por decreto, comenzará a regir a partir de septiembre y fue presentada con el objetivo de aumentar la recaudación por aportes de empleadores, aunque implicará un ajuste en el gasto social, según informa Clarín.

Con Mauricio Macri en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, la vicepresidenta Gabriela Michetti, Marcos Peña -jefe de Gabinete- y Jorge Triaca –ministro de Trabajo- firmaron el decreto. Una de sus disposiciones es equiparar el valor de las asignaciones familiares en todo el país y de ese modo las personas de las zonas en las que se percibían beneficios pasarán a cobrar menos de la mitad.

Hasta ahora, el monto general era de $1.578 para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos y ascendía a entre $3.155 y $3.407 para los registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta, entre otras zonas.

“El objetivo es seguir aumentando la cobertura de las asignaciones y queremos que sea pareja para todos. El extra no tenía un criterio de lugares con mayores niveles de pobreza, era algo antiguo para poblar regiones y no se podía sostener”, dijo Emilio Basavilbaso –titular de la ANSeS- a Clarín.

“Había una distorsión. Es lo mismo un chico de La Matanza que uno de Tucumán o del Sur. La mayor pobreza la tenemos en el conurbano bonaerense y en el norte”, aseguró Triaca en el mismo sentido.

A su vez, como adelantó Clarín, el Gobierno analizaba a partir del cruce de datos entre la ANSeS y la AFIP presuntas irregularidades y “dobles beneficios” en el sistema de seguridad social. El Decreto 702/2018 lleva de $200 a $2.816 el piso del salario mensual para acceder a las asignaciones familiares.

La eliminación de los extras a las zonas diferenciales tendrá impacto, admitieron en el Gobierno. “Puede generar reclamos, pero tenemos que ordenar el sistema para darle sustentabilidad”, argumentaron los funcionarios.