Diputados reformó la ley electoral y las empresas podrán volver a aportar a las campañas políticas

La Cámara de Diputados convirtió en ley esta tarde el proyecto que modifica el Financiamiento de los partidos políticos, y restablece los aportes de empresas en las campañas electorales, lo que había sido prohibido en una anterior reforma de 2009. De esta manera, la ley ya podrá aplicarse en esta campaña presidencial hacia las elecciones de octubre, indicó Clarín.

La votación fue de 148 a favor, y 69 en contra. Estuvieron por la afirmativa Cambiemos, el peronismo federal y el bloque del Frente Renovador. Se necesitaban 129 votos para mayoría absoluta (de la mitad más 1 de la Cámara) como exige la Constitución para modificar leyes electorales y que afecten a los partidos políticos. 

En contra del financiamiento privado votaron el kirchnerismo, sus aliados de Red x Argentina que lidera Felipe Solá, y la izquierda. Como se había anticipado, hubo disidencia en Cambiemos: acompañaron la ley en general pero votaron en contra de los artículos que habilitan el aporte empresario, Elisa Carrió y sus diputados cívicos. 

El artículo ​4 era el de la polémica, que habilita al financiamiento de las personas jurídicas. Tuvo 135 votos a favor, y 81 en contra. Además se aprobó por 136 a 76 votos el artículo 6 que dispone para el aporte de los privados un límite de hasta el 2% del total de lo permitido por la Justicia para gasta en la campaña de esa fuerza. 

Esta ley fue apurada y trabajosamente negociada para llegar a aplicarla antes de las próximas elecciones. Fue una reacción ante el megaescándalo de los cuadernos de las sobornos, en la que empresarios de primera línea quedaron procesados por aportes ilegales a las campañas y pago de coimas al kirchnerismo. 

También por un caso de escala mucho menor pero que mostró los agujeros negros en el financiamiento de la política, los aportantes "truchos" de Cambiemos en provincia de Buenos Aires, una larga lista de personas físicas que servía para “cumplir” con la formalidad de blanquear aportes atribuyéndoles pequeñas sumas de dinero que nunca habían salido de sus bolsillos. 

En el inicio del debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Pablo Tonelli, consideró el proyecto como “un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales", en alusión a la bancarización de los aportes. 

Destacó el objetivo de “evitar la informalidad, que no haya donaciones anónimas que no se sabe de dónde vienen y que no haya destinos que se ignoren, y que no se sepa en qué se gasta el dinero”. 

Entre los críticos del proyecto, el kirchnerista Agustín Rossi, jefe de la bancada del FpV, defendió la reforma de 2009 que prohibía los aportes de empresas y consideró que “lo que hicimos en 2009 fue un avance importante”, no sólo por la selección de los candidatos, al instaurarse las PASO. Rossi cuestionó que esta ley reduce el 50% el espacio cedido en medios audiovisuales (en efecto, se reduce del 10% al 5% de la programación). 

Rossi ratificó la postura de su bancada: "cuanto menor injerencia exista de las empresas privadas mejor para la transparencia de la política", indicó. Y se pronunció por el “financiamiento público”. 

“Acá se cree que porque legalizamos el financiamiento de las empresas no va a haber financiamiento ilegal. Creo que es al revés Votar a este que es rico, no va a robar, mentira. Pongamos a alguien con un problema de obesidad delante de un plato de milanesas no se las va a comer, pero funciona al revés", graficó. Para Rossi  "esta reforma no va en sentido de avance que se había hecho diez años atrás, sino que retrocede".