Según un testigo, los brigadistas que murieron en Guachipas tenían el equipamiento apropiado

A medida que avanza el debate, ya se comienzan a advertir determinadas situaciones en torno a la muerte de los cuatro brigadistas mientras combatían un incendio forestal en el paraje Las Juntas - Guachipas, el 27 de octubre de 2014.

En esa fecha, los brigadistas Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte murieron atrapados por las llamas en inmediaciones del cerro “El Acheral”, hecho por el cual son juzgados por incumplimiento de deberes el ex subsecretario de Defensa Civil, Víctor Jesús de Ola Castro y otros ex funcionarios de esa área, Roberto Durnelli y Víctor César Dagun.

Esta mañana, bajo la dirección del juez, Diego Rodríguez Pipino, el juicio ingresó en su segunda semana de audiencias, la que se abrió con la declaración de la oficial, Jorgelina Cardozo, quien tuvo intervención en las primeras tareas procesales del caso.

Aunque señaló que poco recordaba, señaló un detalle que conmovió al público presente en la sala, en la ciudad judicial. La oficial detalló que en el lugar donde fueron hallados los cuerpos incinerados de los brigadistas, pudo observar que tres de ellos estaban en un grupo, como más unidos.

Un cuarto, en tanto, se hallaba a unos 200 metros, cerca de una pendiente, quien se trataría del jefe de la cuadrilla. Indicó que era muy poco lo que se podía advertir en torno a las prendas de vestir que tenían las víctimas, y que algunos de los brigadistas tenían sus mochilas. Por último, recordó que encontró uno de los celulares de las víctimas que no estaba tan dañado.

Posteriormente, prestó declaración Héctor Marcelo Gallardo, ex coordinador general del NOA del Plan Nacional de Manejo de Fuego, quien fue interrogado respecto a distintos aspectos relacionados a las tareas, funciones y equipamiento que debían utilizar las víctimas.

Al respecto, el testigo fue contundente al sostener que la Brigada de Salta contaba con el equipamiento apropiado, pues aseguró que lo constató personalmente. Explicó que se trata de equipos valuados en una suma de 400 mil pesos, que era dinero que pagaba el gobierno nacional, por lo que, entre su responsabilidades, estaba la de verificar que el equipamiento sea el apropiado.

En ese sentido, afirmó que así fue supervisó este aspecto y el equipamiento y otros elementos de protección que tenía la Brigada de Salta era el correcto. Por otra parte, y en el mismo sentido, también declaró Aníbal Rodríguez, un técnico de la División Bomberos de la Policía, quien realizó un informe al respecto.

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Sostuvo que se le pidió que realizara una verificación en torno a la ropa que usaban los brigadistas muertos, por lo que recibió las prendas que ellos vestían.

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A partir de listado de prendas del caso, tomado de protocolos internacionales, el perito sostuvo que la ropa era la que correspondía con las normas vigentes.

Su exposición generó varios interrogantes de las distintas partes, tanto de las defensas, la fiscalía y las querellas. Esto permitió establecer otro dato destacado, como el hecho de que las víctimas llevaban puestas prendas para el combate del fuego de manera indirecta y no directa, pues se trataba de un incendio forestal.

Contrato

Por último, el tribunal llamó a declarar a Mario Núñez, un ex empleado de Defensa Civil, quien relató que por seis meses, aproximadamente, realizó tareas de desmalezamiento, como así también que por ello cobraba una suma de 3.200 pesos, aunque luego comenzó a realizar tareas de colaboración en el combate de incendios.

Aunque se mostró evasivo respecto a cómo consiguió el trabajo, o quien lo hizo entrar, sostuvo que suscribió un contrato de locación de servicio, por lo que uno de los abogados defensores pidió al tribunal el contrato, el que luego de revisar el expediente, apareció.

Al leer, entre las funciones que Núñez debía asumir, se hallaba casualmente la de colaborar con la Brigada de Incendios, con lo cual dejó en claro que no sólo había sido contratado para desmalezar, sino también para colaborar con los brigadistas, tareas que el testigo explicó que realizaba, y que consistía en una asistencia indirecta, como cargar la mangueras de agua, por ejemplo.

Ya sin testigos, las defensas plantearon la posibilidad de realizar una inspección ocular en el lugar del siniestro, pero la fiscalía y las querellas se opusieron, como así también el magistrado, quien adujo que la medida solicitada era extemporánea e impertinente.