El gasoducto del GNEA, una obra malograda desde el inicio

Se inició en el año 2014 con un presupuesto estimado en ese momento en 800 millones de pesos. Consistía en la construcción de un gasoducto de 230 kilómetros de extensión que partía desde Campo Durán (Aguaray) hasta el límite con Formosa para abastecer de gas a esa provincia y a Chaco, Corrientes y Misiones.

Debía finalizarse en el término de 600 días pero transcurridos 6 años nunca pudo concluirse, indicó El Tribuno. Lo último y más escandaloso fue el robo de 35 kilómetros de caños de 24 pulgadas correspondientes a la jurisdicción del municipio de Aguaray. Un saqueo autorizado -finalmente reconocido por el cúmulo de evidencias- por Enrique Prado, quien asumió la Intendencia de esa localidad el pasado 10 de diciembre.

Un argumento insólito

Apenas 13 días después de su asunción, Prado, un ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente, que fue secretario de esa área durante la gestión anterior de gobierno comunal, autorizó el retiro de esos caños por una empresa -que estaría radicada en la provincia de Mendoza- con el insólito argumento de que contaminaban el ambiente.

Al día de la fecha, y a pesar de las denuncias formalizadas en la Justicia Federal por un daño patrimonial al Estado nacional que supera los 30 millones de dólares, no se tomaron las medidas a fin de evitar el desentierro de los 1.200 caños que conformaban ese tramo utilizando grúas y máquinas pesadas, ni el traslado de esa valiosa carga, salvo dos de los transportes, que fueron secuestrados por la Gendarmería Nacional.

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Tampoco hay imputados ni detenidos en la causa, lo que hace por lo menos levantar las cejas a los entendidos.

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Los inicios del GNEA

La obra que debía ejecutar la empresa de construcción de gasoductos Vertúa S.A. estuvo signada por los conflictos sociales desde el inicio. No había semana en que los grupos piqueteros del departamento San Martín no exigieran bolsones, ayuda social y dinero cash para sus líderes para permitir que los trabajos continuaran de manera normal.

Los conflictos más virulentos se vivieron en la propia localidad de Aguaray donde la constructora había cometido el error de levantar el obrador. El 15 de junio del año 2015 piqueteros de diferentes localidades sitiaron ese predio, colocaron artefactos explosivos en los alrededores sin permitir la salida del personal de la empresa que había ingresado alrededor de las 7, con la idea de salir en los vehículos hacia la línea ubicada al este de Campo Durán. Pero no pudieron hacerlo hasta que 12 horas más tarde la policía recién logró recuperar el predio.

Meses más tarde -septiembre de 2015- otro grave conflicto, en el que dos efectivos de la policía de Salta resultaron lesionados, se produjo en la zona del departamento Rivadavia, en la localidad de Morillo, cuando los piqueteros literalmente le prendieron fuego a los dos uniformados arrojando sobre sus cuerpos dos bombas molotov. Ese fue el elemento determinante para que Vertúa definitivamente suspendiera la obra por falta de garantías.

Pero la ex Enarsa (actualmente denominada IESA) la empresa estatal creada para el estudio y explotación de yacimientos de hidrocarburos, el transporte, comercialización e industrialización de estos productos demandó a Vertúa por abandonar la obra y la sancionó con la rescisión y la suspensión del contrato, cuando la empresa argumentó que por falta de garantías no podía seguir operando en la región.

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El litigio llegó a la lenta Justicia de nuestro país que todavía no tomó una decisión definitiva sin darle la razón a Enarsa o a Vertúa, que ya ganó la demanda millonaria contra el estado en primera instancia.

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El robo de 35 kilómetros de caños de alta presión, sucedido desde diciembre pasado, no hace más que darle la razón a la constructora, que dejó la obra después de un par de años de batallar con los piqueteros.

El daño: US$ 32 millones

Si bien semanas atrás trascendió el costo de caños sustraídos del inconcluso GNEA, en las últimas horas El Tribuno pudo acceder a los verdaderos costos que se pagaron -y se seguirán pagando- por los mismos. A 4.500 dólares alcanza el costo de cada caño pero recién construido.

A eso hay que agregarles traslados, tratamientos propios de las líneas que conducen a alta presión, el trabajo de decenas de operarios sobre las pistas que cavan las zanjas, la soldadura entre caño y caño, el cierre de las zanjas y las pruebas de seguridad. El costo final en la picada 17 asciende a unos 13.860 dólares. Los 35 kilómetros son 2.500 caños, lo que arroja una cifra de unos 32 millones de dólares.