El paso del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por nuestra provincia dejó a la vista dos situaciones: por un lado, la necesidad de más de 320 mil familias, a quienes les sirvió como paliativo ante la crisis generada por la pandemia, y por otro, la corrupción de legisladores y funcionarios, quienes cobraron el beneficio cuando no correspondía o al menos lo intentaron.
Al respecto, Ignacio Palarick, referente del movimiento social Barrios de Pie, en InformateSalta por Multivisión Federal, señaló que la decisión de eliminar el IFE va a deteriorar aún más la economía de las familias, y a su vez, producirá una baja en el consumo. “Me parece que va a empeorar esta situación y se va a traducir en la falta de un plato de comida sobre la mesa”, dijo.
En ese marco, indicó que el parate se sintió muy fuerte en los sectores informales, que representan el 40% de los trabajadores activos. “Se han perdido puestos de trabajo, y muchos han visto reducido su ingresos, no solamente se siente en los sectores históricamente postergados, sino que también en sectores medios, lo que se denomina nuevos pobres”.
Sobre el segundo eje, vinculado a la corrupción, el fiscal Federal Ricardo Toranzos, manifestó que el universo de sospechosos investigados ronda por arriba de los 58 individuos, de los cuales, a 28 ya se les formalizó la acusación. “Hay distintas hipótesis sobre lo que pasó, una es que no se hubiese cargado en el sistema a los funcionarios hasta ese momento, y la otra es que esa categoría (concejales) falló y permitió la autorización del requerimiento”.
Finalmente, indicó que se trata de un delito de defraudación a la administración pública, que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión. “En una audiencia se ha citado a todos, y se les ha hecho conocer ante el juez de garantías todas las pruebas pero la defensa ha solicitado una ampliación de los plazos para esgrimir sus argumentos”, concluyó.
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