A tres meses del escándalo del IFE, solo 4 políticos salteños devolvieron el dinero

Con el IFE ya prácticamente extinguido, pues el gobierno nacional así lo anunció, el paso de este beneficio por nuestra provincia no dejó un buen recuerdo. Y, lamentablemente, fue de la mano de los que debían haber demostrado mayor altura cívica en momento de crisis inédito.

¡Sí! Fueron los representes del pueblo, elegidos por el voto popular, quienes se aprovecharon de la plata ajena y se llenaron los bolsillos con dinero que podría haber beneficiado a decenas de familias que, en plena pandemia y sin trabajo, tuvieron que sufrir para garantizar el pan en la mesa.

Otros tantos, en menor número, fueron funcionarios públicos del orden nacional, quienes no sólo llegaron a puestos de trabajo exclusivos gracias a sus aceitados contactos políticos, sino que vieron sus ingresos incrementados notablemente.

Para ser más exactos, y según lo imputado por la justicia hasta el momento, se trata de 24 concejales de distintas localidades de la provincia y 4 funcionarios del orden nacional, tres de ellos del PAMI y un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Esto deja un total de 28 imputados, todos por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, acusaciones con penas excarcelables por cierto, aunque eso no es lo que más le preocupa, ni tampoco la multa sino la posibilidad de quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos,.

De acuerdo a las imputaciones realizadas, la fiscalía le adjudicó a los 28 acusados entre uno, dos y hasta tres pagos del beneficio del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), lo cual hace un total de 350 mil pesos que fueron destinados desde la ANSES a los imputados.

Tras quedar al descubierto, cuando una investigación periodística local difundió una lista de concejales y funcionarios que habrían cobrado el IFE, la actitud inmediata de los ediles y funcionarios fue la de evadir la acusación con explicaciones casi irrisorias, como que cobraron el subsidio para darle luego a los más pobres.

Aunque varios aseguraron que devolverían el dinero, lo cierto es que a tres meses de desatado el escándalo, solo cuatro de los acusados informaron la devolución del dinero cobrado en concepto del IFE, lo que hace un total de 60 mil pesos que volvieron a las arcas del Estado Nacional.

Uno de los arrepentidos fue Luis Alberto Hosel, quien fue acusado de percibir dos veces este beneficio. Los restantes fueron los concejales Franco M. Córdoba, de San Antonio de los Cobres, percibió un pago; Javier Héctor Chauqui, de Angastaco, dos pagos, y Marta Beatriz López, de Orán, con un solo pago.

De los otros 24 imputados, en tanto, no hay ninguna muestra de arrepentimiento por el cobro indebido del IFE, un beneficio de 10 mil pesos dispuesto por el Gobierno Nacional para ayudar a la clase más afectada, como ser desempleados e integrantes de la llamada economía informal.

Por otra parte, según trascendidos, sólo uno de los 28 acusados informó sobre su renuncia al cargo. Se trata de Javier Navarreta, quien estaba al frente del Centro de Atención Personalizada que el PAMI posee en Embarcación, un cargo con jerarquía de gerente y un sueldo estimado en 95.500 pesos.

Los otros 27 imputados, en tanto, siguen en sus cargos, ya sea obtenido por el voto popular o por designaciones políticas. Solo pesa sobre ellos, un embargo de 60 mil pesos, cantidad que en la última tanda de imputaciones, fue discutida por las defensas por ser consideradas excesivas, pese a que no debían ser cubiertas con dinero sino con bienes, lo que significa que no sale nada de sus bolsillos.