En una nueva audiencia de formalización de la investigación penal contra funcionarios por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se imputó a nueve empleados del municipio de General Pizarro, ubicado a 273 kilómetros al sur de la capital de Salta, por defraudación a la administración pública.
La imputación fue requerida por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien también lleva adelante otros casos similares contra un total de 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios y tres empleados del PAMI.
Toranzos indicó que, en este caso, la investigación se inició a partir de la denuncia del propio intendente de General Pizarro, Antonio Pérez, quien reveló que, al menos, doce empleados de la administración que dirige habrían cobrado el IFE.
Tras señalar todas las pruebas reunidas, entre ellas informes remitidos por organismos de contralor, como la misma ANSES, a cargo de la adjudicación del beneficio; la AFIP y distintas entidades bancarias, el fiscal describió la situación de cada uno de los imputados.
Respecto a Gabriela Fernanda Álvarez, indicó que la misma se desempeña con el cargo de auxiliar y accedió al cobro de dos cuotas del IFE, al igual que Enzo Martín Bautista, quien trabaja en el municipio y es delegado del I.P.S.S.
Idéntica situación se estableció en cuanto a Raúl Rafael Cardozo, con el cargo de chofer; Nanci Argelia Fernández, como administrativa; Julio Humberto Paz, agente de tránsito; Eva Virazate, cobranza de piso y Francisca Ernestina Zarza, encargada del Registro Civil.
Por otra parte, en tanto, se refirió a los empleados que percibieron un pago del IFE, siendo en este caso Marcela Mireya Artiaga, con el cargo de ordenanza y Cristian Humberto Erazo Santa Ana, quien se desempeña como Director de Cultura en el municipio.
El fiscal destacó que “todos ellos prestaban servicios en el municipio y percibían sus haberes, por ello era incompatible el acceso al IFE; no obstante, llevaron adelante los trámites y con ello, causaron un grave perjuicio al Estadio Nacional, en especial a las personas para quienes estaba destinado este beneficio”.
En vista de todo ello, el fiscal imputó a los acusados el delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público, delito que prevé penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Solicitó, por último, un plazo de investigación de 60 días hábiles y requirió la aplicación de reglas de conductas para los acusados, entre ellas el compromiso de colaborar con la justicia y la de no salir del país.
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