Se suman voces de repudio contra médicos de Tartagal por la muerte de una joven wichi embarazada

El pasado 13 de enero Aldana Quico, una joven wichí de la comunidad La Puntana falleció en el Hospital Juan Domingo Perón en Tartagal. Estaba embarazada y según fuentes allegadas a la víctima, el doctor que la atendió le dijo que el bebé ya había muerto en su vientre y se negó a intervenirla quirúrgicamente para extraerlo.

A pesar de que la mujer rogó porque le hagan una cesárea, no accedió a la práctica. Por el caso se hizo una denuncia y se investiga si hubo mala praxis. 

Desde la órbita nacional, la CONSAVIG - Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género- emitió un comunicado que compartió por redes sociales donde repudia el accionar de los médicos del nosocomio. Mientras tanto, el Ministerio de Salud afirmó que aún se evalúa el accionar del profesional que intervino. 

“Queremos manifestar nuestra profunda indignación y repudio por el accionar del personal de salud del Hospital Juan D. Perón de la localidad de Tartagal, provincia de Salta, responsable de la violencia obstétrica perpetrada contra Aldana Quico”, afirma el comunicado emitido por la CONSAVIG.

“Se da cuenta de una escena repetida en los centros de salud donde concurren congéneres de comunidades originarias: maltratos, racismo, desatención, profesionales con mentalidad patriarcal, clasista, sin perspectiva de género ni conocimiento del marco normativo”

Así mismo, el comunicado detalla el caso de la joven y marca que fue obligada a permanecer en una situación de dolores insufribles, “a la espera de que se desencadenara el parto por vía vaginal pese a sus gritos de dolor y sus pedidos para que le realizaran la cesárea”.

El médico acusado por praxis es el tocoginecólogo Patricio Parra Marín, quien contaría al menos un antecedente de maltrato a una adolescente qom (toba) que en 2020 ingresó al Hospital con una hemorragia.

Según la denuncia de la madre de esta chica, Parra Marín decidió no darle la atención adecuada porque entendía que la adolescente se había practicado un aborto, aunque ella ni siquiera estaba embarazada. En este caso se hizo la denuncia ante el INADI y se pidió el alejamiento del profesional que, de todas maneras, siguió atendiendo en el Hospital.

Por su parte, la CONSAVIG dijo que espera “que la sustanciación (del sumario administrativo) sea ágil y las sanciones ejemplares”, aunque añadió: “Sabemos que la sanción siempre llega tarde”. Instó también “a las autoridades del Ministerio de Salud de Salta a poner en marcha de manera urgente las imprescindibles capacitaciones en clave de derechos humanos para los profesionales de los tres subsistemas de salud, con especial énfasis en los efectores a los que concurren las mujeres de comunidades originarias”.