El viernes pasado, el fiscal del caso pidió que se investigue al funcionario Ángel Sarmiento por entorpecer la investigación, abuso de autoridad y violación de deberes. Creen que fue él quien autorizó la visita de Monges al sicario Oscar Díaz.
Un oficio judicial, al que tuvo acceso InformateSalta, develó una nueva arista en la investigación penal que la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas lleva adelante en torno al asesinato de Darío Monges, cuyo cuerpo fue hallado el 3 de septiembre con 5 balazos en la cabeza, en el barrio Círculo I.
En el escrito, remitido por el fiscal Rodrigo González Miralpeix, quien se encuentra al frente de la investigación, se pone en conocimiento del fiscal penal N°1, Pablo Paz, de actuaciones que levantaron la sospecha en torno al Director General de Políticas Penales, del Ministerio de Seguridad de la provincia, Ángel Sarmiento.
En concreto el oficio hace hincapié en dos situaciones particulares para pedir que se inicie una investigación penal en contra del funcionario. En primer lugar, se le adjudica a Sarmiento la posible comisión del delito de estorbo al ejercicio de las funciones públicas”, conducta contemplada en el artículo 241 del Código Penal, con una pena de 15 días a 6 meses de prisión.
Sobre este punto, el fiscal González Miralpeix argumentó la presunta conducta ilícita de Sarmiento en una entrevista radial brindada el 9 de septiembre pasado, en la que el funcionario brindó información sobre una diligencia investigativa que el fiscal había ordenado en el marco de la causa.
En tal sentido, y según surge de las declaraciones del funcionario en la entrevista radial, efectivamente reveló detalles de cómo se produjo la entrevista del 1 de junio pasado, entre Monges y el sicario Oscar Alberto Díaz en el penal de Orán, hecho que, sin dudas, aparece como una bisagra en la investigación del caso.
Asimismo, a medida que avanza en sus declaraciones, Sarmiento también reveló que Díaz, quien fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, fue entrevistado el día anterior a la entrevista radial, o sea, el 8 de septiembre, por un policía del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, diligencia requerida por el fiscal del caso.
Secreto de sumario
Incluso, Sarmiento aportó, en dos ocasiones el nombre del policía que fue enviado a hablar con el sicario, siendo que, desde el 6 de septiembre, la fiscalía decretó la reserva de las actuaciones, por lo que la información dada a conocer tenía calidad de confidencial.
La información revelada por el funcionario, según lo indicado en el oficio, “pone el peligro no solo una de las líneas de investigación abordadas, sino también la seguridad personal del reo y del personal policial, a quien se le encomendó la diligencia en crisis, sobre todo en una causa en la que esta parte dispuso el Secreto de Sumario”.
Destacó, a su vez, que era imperioso que no se devele información “sustancial”, a fin de poder así, reconstruir “el acontecimiento histórico” del hecho que se trata de esclarecer, resultado que se torna dificultoso, en especial, cuando se develan aspectos como el que Sarmiento expuso en declaraciones públicas.
No es menor otro dato surgido en las últimas horas, el cual señala que el oficio, remitido el viernes pasado, recayó en una fiscalía donde trabajaría una persona vinculada directamente con el funcionario investigado, por lo que el funcionario ya estaría al tanto de la decisión de la justicia de investigarlo e incluso, no se descarta, que sea imputado.
Según trascendidos, tanto en la fiscalía como en el CIF existe mucho malestar por el accionario del funcionario, quien ya estaba en la mira por su intervención en la autorización de la entrevista que Monges mantuvo con el sicario Díaz, el 1 de junio pasado, en la cual Sarmiento es considerado el principal responsable.
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