Imputaron a un médico particular en el caso de la muerte del pequeño Thiago

La acusación penal contra este profesional se suma a la ya formalizada por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas contra el juez de Personas y Familias 6, Daniel Canavoso; la asesora de Menores e Incapaces 6, Silvia Ibarguren, la directora por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

La misma acusación se efectuó en contra de Ivana Bruno, directora general de Niñez y Familia y Margarita Daza, jefa del subprograma Sistema Alternativos, ambos organismos pertenecientes a la órbita del Ministerio de Derechos Humanos.

De esa misma cartera, se encuentran acusados otros profesionales del equipo técnico. Se trata de Olga Salas, nutricionista; Yaquelin Mónica Rosas, psicóloga; Lorena Alejandra Recchiuto, psicóloga y Marina del Huerto Vargas, asistente social.

También se imputó por el mismo delito a Paula Trogliero, psicóloga y Ana Laura Carrizo de Martínez, trabajadora social, pertenecientes al Centro de Salud 56, del barrio Palermo II, dependientes del Ministerio de Salud de la provincia.

Todos estos funcionarios acusados, tanto de la justicia como del Estado, ya se presentaron a sus respectivas audiencias de imputación ante los fiscales, Pablo Paz, Ramiro Ramos Osorio y Rodrigo González Miralpeix, quienes conforman un equipo de investigación dispuesto por el procurador, Pablo López Viñals, en el marco de las facultades que posee para este tipo de hechos complejos.

InvestigacionesLos fiscales investigan la muerte de Thiago, de 4 años y el grave estado de maltrato físico sufrido por su hermana, Magalí, quien junto a otros dos hermanitos se hallaban bajo el cuidado de padres sustitutos, en el marco de un programa supervisado por el Ministerio de Derechos Humanos.

El 8 de julio pasado, Thiago murió mientras que su hermana Magalí, de 8 años, fue internada en grave estado debido al importante cuadro de desnutrición y maltrato físico sufrido a manos de los padres sustitutos, Víctor Marcelo Senise y Patricia Sánchez, a quienes los fiscales imputaron los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, siendo los únicos de los ahora 11 imputados que tiene el caso, que permanecen detenidos.

Certificados falsos

La nueva imputación sumada a la causa surgió de la investigación que el GAP lleva adelante en torno a la documentación reunida, tanto procedente del Ministerio de Derechos Humanos, como del juzgado de Personas y Familias que mantenía judicializados a los menores.

De estos documentos, los fiscales encontraron varios certificados médicos presentados por la pareja de padres sustitutos para justificar la prolongada inasistencia de los dos menores, Thiago y Magalí a clases, uno de los aspectos que están siendo investigados.

Al revisar estos certificados, extendidos por el médico Gonza, los fiscales advirtieron que los mismos hacían referencia a enfermedades comunes, como estados gripales, sin hacer mención ninguno de ellos a las graves lesiones que los menores presentaban, tales como fracturas, quemaduras y otros golpes.

En vista de las fechas y la cantidad de días que el médico indicaba como reposo, se cree que estos certificados eran pedidos por Senise y Sánchez con el único objetivo de presentarlos en la escuela y evitar así que los menores asistan cuando aún tenían rastros visibles del maltrato físico que padecían.

Se especula con el hecho de que Gonza nunca examinó a los menores o bien si lo hizo, se trato de un examen superficial, sin hacerlo con el rigor que la profesión exige para estos casos, por lo que los fiscales decidieron imputarle el delito de falsedad ideológica.

“Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.”, señala el artículo 295 del Código Penal respecto al delito de falsedad ideológica.

Fuente: Nuevo Diario de Salta